04/05/2021
Foto: Codelco.
El regreso de los altos precios del cobre ha llegado justo a tiempo para Chile, pero a medida que el precio repunta, los políticos creen que la industria minera podría estar contribuyendo significativamente más para ayudar al país a superar la pandemia del covid-19.
Considerado durante mucho tiempo como el destino más estable para la inversión extranjera en América del Sur, el escenario político cada vez más tenso de Chile está aumentando los riesgos para la poderosa industria minera del país.
El Ministerio de Finanzas estima que el aumento de los precios del cobre desde principios de año podría impulsar los ingresos públicos en alrededor de USD 4 mil millones o 5.6% en comparación con su estimación anterior, lo que le da al gobierno más margen de maniobra mientras se esfuerza por proteger a las familias y las empresas de la ola de infecciones.
Aproximadamente la mitad provendrá de la cuprífera estatal Codelco, que reportó utilidades de USD 1.627 millones durante los primeros tres meses del año, su mejor resultado trimestral en una década. Los impuestos pagados por las minas de propiedad privada, que representan alrededor del 70% de los 5,8 millones de toneladas de cobre que Chile produjo el año pasado, proporcionarán el resto.
El 24 de marzo, diputados de la Cámara Baja de Chile dieron su respaldo general a una reforma constitucional que impondría una regalía fija del 3% sobre la producción de cobre y litio para financiar programas ambientales y sociales en comunidades cercanas a las operaciones mineras.
Pero según una enmienda aprobada en la etapa del comité el 26 de abril, la regalía aumentaría a una tasa marginal del 15% cuando el precio del cobre supere los USD 2.00 por libra; 35% por encima de USD 2.50 por libra y 75% por encima de USD 4.00 por libra.
Si se aprueba (requiere mayorías de dos tercios tanto en la cámara baja como en la alta), las empresas mineras perderían más de una quinta parte de sus ingresos brutos solo por la regalía cuando los precios se encuentran en los niveles actuales.
No son solo los beneficios los que están en juego. El envejecimiento de la infraestructura, la caída de las leyes del mineral y el aumento de los costos laborales significan que las minas de cobre de Chile no son tan competitivas como lo eran al comienzo del último superciclo, advierte Gustavo Lagos, profesor de ingeniería de minas en la Universidad Católica de Santiago.
Alrededor de catorce de las grandes minas de cobre del país tienen costos de producción superiores a USD 2.50 por libra. Con una regalía, muchas podrían verse obligadas a cerrar cuando los precios vuelvan a caer.
“Muchas operaciones de baja ley se cerrarán, destruyendo puestos de trabajo”, dijo Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, en un comunicado.
El impacto total del nuevo impuesto no se sentiría de inmediato. Según el Consejo Minero de Chile, la mayoría de las minas de propiedad privada están cubiertas por acuerdos de invariabilidad fiscal firmados con el Estado chileno.
La mayoría de ellos expirarán en los próximos años, pero algunas minas más nuevas, como la Quebrada Blanca 2 de Teck Resources (TSX: TECK.A / TECK.B; NYSE: TCK), que aún está en construcción, están protegidas hasta principios de la próxima década.
Pero el impuesto no solo amenazaría las operaciones existentes, sino también la cartera de nuevas minas que Chile necesita desarrollar para evitar que la producción disminuya en las próximas décadas.
Muchos de estos ofrecen grados relativamente bajos y deben superar importantes desafíos ambientales antes de que puedan ponerse en funcionamiento. La necesidad de plantas desalinizadoras y sistemas de bombeo para suministrar agua aumentará los costos de capital y operativos.
Si se agrega un impuesto punitivo, como el que proponen los legisladores, muchas empresas mineras preferirán proyectos más arriba de los Andes, en Asia o África, dicen algunas personas.
Pero en el escenario político cada vez más tenso de Chile, pocos legisladores miran hacia el largo plazo y, en cambio, se centran en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre, dice Lagos.
Reformas constitucionales
Tras el colapso del apoyo al presidente Piñera tras los disturbios sociales a fines de 2019, la agenda legislativa ha estado cada vez más dominada por el Congreso liderado por la oposición, que ha desviado al gobierno con una serie de iniciativas que acapararon titulares diseñadas para ayudar a los chilenos a sobrevivir. la pandemia.
Desde julio pasado aprobaron tres reformas constitucionales que permiten a los trabajadores chilenos retirar el 10% de sus ahorros previsionales (hasta un máximo de 6.225 dólares cada vez). Hasta ahora, los ahorradores han retirado un total de USD 36 mil millones (que podrían llegar a USD 50 mil millones en las próximas semanas), impulsando el consumo y la riqueza de los hogares, pero dejando a millones sin ahorros para su vejez.
Otra reforma constitucional en la etapa de comité impondría un gravamen único del 2.5% a los millonarios para financiar la renta básica de los hogares vulnerables. No contentos con eso, los diputados también agregaron un aumento temporal en los impuestos corporativos para las grandes empresas y un recorte en el impuesto a las ventas para los artículos básicos del hogar.
Después de ceder terreno inicialmente, el presidente Piñera prometió este año tomar una postura más firme contra las medidas populistas desafiándolas por motivos constitucionales (según la Constitución, solo el ejecutivo puede proponer medidas de recaudación de impuestos).
Pero este as en la manga legal ha fallado. Con los sindicatos prometiendo una huelga general si se bloqueaba el tercer retiro de pensiones, la Corte Constitucional (encabezada por uno de los exasesores principales de Piñera) se negó el 28 de abril a escuchar siquiera el desafío del presidente, lo que lo obligó a promulgar el proyecto de ley.
La inestabilidad política se produce justo cuando Chile se embarca en un proceso político clave: el debate sobre la nueva constitución. El 15 de mayo º -16 º , los chilenos se dirigirán a las urnas para elegir a los miembros de la Convención Constituyente de 150 miembros que debatirán los contenidos de la nueva carta de la nueva.
Aunque las empresas inicialmente se mostraron tranquilas sobre la convención constitucional, gracias a una cláusula que requiere una mayoría de dos tercios para aprobar cada cláusula de la constitución, el creciente radicalismo de los legisladores está dando motivos de alarma.
A las preocupaciones se suman las próximas elecciones presidenciales, que siguen abiertas. Una encuesta realizada el 29 de abril por el respetado Centro de Estudios Públicos encontró a Pamela Jiles, una defensora populista de los retiros de pensiones, como, con mucho, la política más popular del país.
Tras los acontecimientos de los últimos días y semanas, el gobierno ha iniciado conversaciones con miembros más moderados de la oposición, encabezados por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, con el objetivo de acordar una agenda más centrista para los diez meses que le quedan en el cargo.
Es probable que el acuerdo incluya un ingreso básico universal, así como nuevos impuestos para financiarlo. Si bien tienen la esperanza de que la regalía tal como se prevé actualmente no se cumpla, las empresas mineras son realistas en cuanto a que los impuestos van a subir.
“Esperamos que haya nuevos impuestos en algún momento y que sean razonables y no tan enormes para la industria”, dijo Maria Inkster, directora ejecutiva de Lundin Mining (TSX: LUN), a analistas e inversores en la última convocatoria de resultados de la compañía.
Fuente: Mining Dot Com