Los proyectos mineros deben incluir planes de desarrollo concretos para las zonas de influencia, como una manera de ganar legitimidad social y evitar la conflictividad, afirmó Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Foto: ANDINA/Archivo.
Explicó que la desconfianza histórica de las comunidades en la minería se debe en gran parte en que no la ven como un vehículo de desarrollo sino, por el contrario, una actividad que viene a depredar su tierra y su agua.
Sin embargo, manifestó que otra sería la actitud si vieran que junto con el estudio de impacto ambiental también se presenta un plan de desarrollo, que no solo preserva el medio ambiente, sino que significará progreso para sus familias.
En declaraciones a la agencia Andina, refirió que la participación del Estado resulta clave, pues ante el capital privado es la garantía de que no se afectará el medio ambiente, pero con las comunidades tiene que ser el socio del desarrollo, porque es quien recibe los impuestos de la minería.
Dijo que este plan debe ser coordinado y ejecutado con los gobiernos locales y el gobierno regional.
De otro lado, Caillaux dijo que a pesar de las protestas de los últimos días, el balance del Gobierno en política medioambiental es positivo, por se continúa en el camino de tener un sistema integrado, que implique a todos los ministerios y gobiernos locales y regionales.
Asimismo, señaló que hay esfuerzos por entablar relaciones justas y transparentes con las comunidades, y prueba de ello es la aprobación de la Ley de la Consulta Previa, que debe entrar en vigencia el 10 de enero próximo con su reglamento implementado.
Manifestó que lo más probable es que esta norma tenga aproximaciones sucesivas a la realidad, que se vaya ajustando con el tiempo en función de las dificultades y exigencias que se presenten en el camino.