Habiendo analizado el contenido del proyecto de Ley de minería, que el gobierno a través del Ministerio de Minería ha venido elaborando y concertando de manera excluyente
solo con los actores mineros y sin la participación del resto los sectores sociales y en especial de las naciones y pueblos indígenas originarios en cuyos territorios están la mayoría de las reservas mineras. Manifestamos de manera pública lo siguiente:
1. – El proyecto de Ley de Minería, no cambia en absoluto el contenido y orientación de la política minera establecida por la Ley N° 1777 Código de Minería, aprobado por Sanchez de Lozada. El proyecto de ley tiene el espiritu de favorecer la presencia de la minería privada y en especial de las transnacionales, otorgándoles facilidades y flexibilizando la legislación en temas ambientales, desconociendo y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas originarios.
2.- Contrariando los preceptos de la misma Constitución Política, el proyecto de ley minera, repite y consolida la visión de desarrollo del Código de Sánchez de Lozada, de esclavizar a los bolivianos en el solo extractivismo depredador y de saqueo, por cuanto no respeta los principios de libre determinación y gestión territorial de las naciones originarias, ni la participación directa en la gestión y control de las políticas y operaciones mineras por parte de los sectores sociales y las organizaciones de los pueblos indígenas.
3.- El proyecto de Ley, contradice los principios inscritos en la Constitución Política del Estado y logrados con la lucha del pueblo respecto al agua como un bien común y derecho humano, por cuanto vuelve a repetir la libre entrega y disposición de los recursos hídricos a los operadores mineros, de manera accesoria a los derechos mineros.
4.- Denunciamos que el proyecto de Ley, de manera abierta plantea la vulneración del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, convirtiéndola en solo una consulta Pública, ajena a los principios del Convenio N° 169, la Declaración de la ONU y de la Constitución Política, desconociendo el respeto a los procedimientos propios que debería regir los procesos de consulta a las naciones y pueblos indígenas originarios.
5.- En el tema ambiental, el Proyecto de Ley pretende la total flexibilización para los operadores mineros, al plantear la otorgación de las licencias y la realización de la fiscalización ambiental por el mismo Ministerio de Minería. Actualmente la mayoría de las operaciones mineras incumplen con sus licencias ambientales, esta situación será peor si el mismo ministerio de minería se hace cargo del control ambiental. Así mismo el proyecto de Ley no considera las responsabilidades de mitigación sobre los pasivos ambientales acumulados en años de explotación minera y que continúan generando contaminación en los territorios de nuestros pueblos
6.- El proyecto de Ley pretende legalizar la coerción y el uso de la violencia a favor de la minería privada, al crear juzgados mineros que tendrán competencia para dictaminar la expropiación de tierras y agua, así como el de resolver las controversias de los operadores mineros con el propio Estado. La jurisdicción Especial Minera que propone el proyecto de Ley, está en contradicción con la Constitución Política del Estado.
7.- Finalmente, hacemos un reconocimiento público a los pueblos indígena originarios de Mallk’u Quta, que lograron la reversión de las concesiones mineras otorgadas a una transnacional canadiense, gracias a su lucha el pueblo boliviano a logrado recuperar nuevamente control de estos yacimientos. Su lucha debe marcar el curso de la discusión y elaboración de una nueva legislación minera, que debe basarse en los principios defendidos por los hermanos de Mallku Quta: LOS RECURSOS MINEROS DEBEN SER PARA EL BENEFICIO DEL PUEBLO BOLIVIANO Y LAS NACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS Y NO PARA LAS TRANSNACIONALES
Por todo lo anterior, manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de Minería por ser contrario a los preceptos de la Constitución Política y la lucha de los pueblos indígenas originarios y el conjunto del pueblo boliviano en los procesos de octubre de 2003 y junio de 2005.
Exigimos al gobierno a través del ministerio de Minería, abrir la discusión y concertación de esta Ley con el conjunto de los sectores sociales y en particular con los pueblos y naciones indígenas originarios, por cuanto como establece la constitución los recursos mineros son propiedad del pueblo boliviano y por tanto el tratamiento de la legislación no puede ser derecho exclusivo de quienes lucran con su explotación.
Exigimos que de manera previa a la Ley de Minería e Hidrocarburos, debe tratarse concertarse y aprobarse la Ley Marco de Consulta ¨Previa, Libre e Informada”, Ley de la Madre Tierra y la Ley de Aguas cuyos principios deben ser transversales a la legislación referida al aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables como es la minería y los hidrocarburos.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, pueblos indígenas de tierras altas y bajas a debatir y pronunciarse para evitar se consuma un nuevo atentado a nuestros derechos con la aprobación inconsulta del proyecto de Ley de Minería.
ES DADO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DOCE AÑOS.
POR EL CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU