Como Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), queremos manifestar nuestra más profunda indignación por la detención arbitraria de 34 indígenas nahuas del municipio de Ayotitlán, Jalisco, y el abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, quienes se encuentran injustamente detenidos desde el pasado 22 de julio.
Según ha aparecido en distinto medios de comunicación, a través de los cuales la REMA tuvo conocimiento que el pasado 22 de Julio, más de 500 personas llegaron a los terrenos propiedad del ejido, para realizar una manifestación pacífica y un recorrido de su territorio, verificando y exigiendo el cumplimiento de una suspensión de plano dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, en el marco del expediente de revisión 231/2013, la cual se traduce en la suspensión de las concesiones mineras y de las actividades extractivas, de transformación, de vertidos y de administración que se hacen dentro de los terrenos ejidales, que desde hace años han sido ocupadas por la empresa minera Peña Colorada, quien dice tener títulos de propiedad privada. La suspensión permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe una controversia con la empresa.
Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas diarias de hierro, destruyendo cerros y contaminando miles de metros cúbicos de agua que utiliza para la transportación del material, a lo largo de 46 kilómetros de tubería que lo lleva al puerto de Manzanillo. Evita así el transporte terrestre y baja los costos de producción. Sin embargo, los costos ambientales y a la salud, se facturan a nombre de la comunidad indígena. La minera ha incumplido los acuerdos de pago por arrendamiento, corrompiendo y controlando a autoridades municipales, estatales y federales. Ha provocado accidentes e incendios para desplazar a comunidades y así apropiarse de las tierras.
A los detenidos, se les están fabricando delitos, con la finalidad de que no alcancen a salir bajo fianza y enfrenten un proceso penal en prisión, lo que puede durar años, se les acusa de “despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero Peña Colorada”. “Esas personas pueden alcanzar una penalidad de hasta 40 años de prisión y no tienen derecho a fianza. Vamos a proceder con toda energía puesto que en Colima el estado de Derecho tiene querespetarse, cuando una persona comete un delito tiene que responder por las consecuencias legales que el mismo le implicó”, dijo el procurador colimense.
El Gobierno de Colima ha señalado que podría otorgar el “perdón”, sin los indígenas se arrepienten de lo que hicieron; sin embargo, la empresa minera ha manifestado que no está dispuesta a otorgar el perdón, mientras no se le paguen los daños que recibió por el paro de labores que duro sólo unas horas.
Ante estos preocupantes hechos, como Red Mexicana de Afectados por la Minería,
EXIGIMOS
1.La libertad inmediata de los 34 indígenas nahuas detenidos y su abogado defensor.
2.La cancelación de todas las órdenes de aprehensión que pudieran existir en contra de los indígenas ejidatarios de Ayotitlán por participar en acciones pacíficas para exigir el cumplimiento de sus derechos.
3.El cese al hostigamiento de los pobladores, ejidatarios y avecindados de Ayotitlán para que vendan y abandonen sus tierras ancestrales para dar paso al crecimiento de la Mina Peña Colorada.
4. La cancelación de todas las concesiones mineras que se han dado, sin consulta y consentimiento en el territorio de los pueblos y comunidades indígenas afectadas por la minera Peña Colorada.
5.El cierre definitivo de la mina a tajo abierto Peña Colorada, pues consideramos que los daños ambientales, sociales y culturales que se han causado al Pueblo Nahua, hasta el momento, son irreparables y de continuar, traerán como consecuencia su desaparición.
6.Denunciamos la campaña de engaños, división y desprestigio, encabezada por los Gobiernos de Colima y Jalisco, en contra de los pueblos y comunidades indígenas que ejercer su derecho a la defensa de su vida y territorio.
7. En especial, responsabilizamos al gobierno estatal de los que pueda suceder a nuestro compañero Felix Monroy Rutilo, integrante de la REMA y que ha sido amenazado de tener una orden de aprehensión en su contra.
Como REMA, estaremos pendientes de la libertad de los compañeros, del cumplimiento de las suspensiones y del cese al hostigamiento y desprestigio al que quieren someter a los pueblos afectados por la minería.
ATENTAMENTE RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA