Por:Gustavo Castro Soto.San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.13 de Agosto de 2010
Luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009, coordinador de la REMA en Chicomuselo Chiapas, el gobierno del estado de Chiapas clausuró la mina de la empresa canadiense Blackfire. Sin embargo, en el proceso de llegada de la empresa canadiense a Chiapas muchas anomalías se dieron para el arribo de esta trasnacional.
El 13 de diciembre de 2007 se realizó una “Minuta de Acuerdos”[1] entre el Gobierno de Chiapas representado por muchos funcionarios entre ellos el Lic. René Salvador Cartagena Corzo quien fuera de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Comitán, y luego trabajador de la empresa minera canadiense defendiendo los intereses de ésta. Por el lado de la trasnacional el Director General Artemio Ávila Cervera que luego del asesinato de Mariano Abarca logró ampararse, y Elmo A. Henríquez Cabrera, Gerente Operativo; y su asesor legal Celso Peña Ruiz.
En esta Minuta se acuerda que la empresa canadiense entregaría 60 mil pesos mensuales a los ejidatarios del Ejido de Grecia, Chicomuselo, Chiapas, para los 82 ejidatarios que aceptaron más tarde este pago, lo que equivaldría a 24 pesos diarios por familia (o sea, aproximadamente 1.8 dólares americanos). Con ello la empresa canadiense y el gobierno conminaban a los ejidatarios a quitar el bloqueo del paso a la empresa minera.
Entre las promesas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regularizaría los adeudos; mientras otras dependencias del gobierno del estado se encargarían del revestimiento de carreteras del ejido Flores Magón al Ejido Grecia y sus anexos, entre otros caminos; la atención a la vivienda, proyectos de agua potable e incluso de mejoramiento y construcción de aulas escolares. Estas promesas fueron incumplidas y otras mal hechas.
Seis meses después, el 17 de junio de 2008, los ejidatarios del Ejido de Grecia convocan a una Asamblea con el objetivo de aprobar un contrato de arrendamiento por 13-500-00 hectáreas de tierra de uso común del ejido para que la minera canadiense Blackfire Exploration México de R.L. de C.V. pudiera extraer la barita, sin que ello implicara cambio de régimen de propiedad.
En ese día asistieron 82 ejidatarios y todos aprobaron por unanimidad llevar a cabo este contrato.[2] Cabe señalar que con el beneplácito de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEMARNAT y autoridades estatales, se violaron muchas disposiciones y leyes en materia ambiental. Según el contrato, la empresa SETEFA realizó el estudio que justificó el cambio de uso de suelo forestal.
Unos días después, el 28 de junio de 2008 se firma el contrato de arrendamiento entre la minera canadiense representado por el apoderado legal Artemio Ávila Cervera y las autoridades ejidales, además del presidente municipal de Chicomuselo.[3] En este contrato los ejidatarios están obligados a no estorbar ni interrumpir las labores de la minera ni a bloquear el paso.
Esto fue lo que Mariano Abarca hizo en solidaridad con los ejidatarios de Nueva Morelia cuando se dieron cuenta que la empresa minera minera robaba la barita de su ejido y decidieron cortarle el paso a sus camiones que transportaban el material extraído ilegalmente.[4] En el contrato de arrendamiento la empresa Blackfire se compromete a reforestar 50 hectáreas en el ejido de Grecia lo cual incumplió.
En agosto del mismo año se realiza la “Minuta de Trabajo”[5] donde llueven las promesas por parte del gobierno y con el fin de facilitar la entrada de la empresa canadiense. Se prometieron rehabilitación de aulas escolares en la comunidad de los Arroyos, mejoramiento del camino Flores Magón al ejido de Grecia; apoyo a la cafeticultura, a la ganadería, a la agricultura protegida, a la reconversión productiva, a proyectos productivos siempre y cuando no implique el fomento al traspatio, entrega de herramientas, reforestación, apoyo a la educación e infraestructura, construcción de sala de usos múltiples, construcción de una “agencia prefabricada”, etc.
Más de un año después, luego del intento de la empresa canadiense Blackfire de encarcelar al opositor a la mina Mariano Abarca, y su posterior liberación, el gobernador de Chiapas arriba a Chicomuselo a intentar ofrecer en persona muchas de estas promesas hechas un año antes.
Hoy en día, pese a que el gobernador del estado de Chiapas ha dicho que el estado no es minero, las dependencias estatales en lugar de castigar su corrupción, llegar hasta las últimas consecuencias del asesinato de Mariano Abarca Roblero, de ejercer la ley ante las violaciones graves en materia ambiental, los funcionarios asesoran a la trasnacional para que renueve sus operaciones.
Sin embargo, los pobladores del municipio de Chicomuselo están dispuestos a seguir su lucha para evitar que la empresa minera canadiense renueve sus operaciones en una de las regiones muy ricas en biodiversidad y bosques. En las montañas donde paradójicamente el gobierno pretende vender al mundo durante la Conferencia de las Partes (COP16) que se llevará a cabo en Cancún en noviembre y diciembre próximos, la idea de que Chiapas tiene mucho que vender en servicios ambientales y venta de oxigeno para el negocio de las corporaciones y de las organizaciones ambientalistas proempresariales.
En esas regiones donde el gobierno federal en los últimos 10 años ha otorgado casi un millón de hectáreas en concesiones mineras a cielo abierto, lo que implica de deforestación e impacto ambiental y climático. Estas corporaciones, principalmente canadienses, podrán cambiar sus jugosas ganancias mineras por los fondos REDD.