La actividad minera en Áreas Naturales Protegidas (ANP) supone uno de los mayores riesgos que existen para el patrimonio natural que estas protegen. No obstante, aunque urge, realizar la prohibición resulta sumamente complicado, dijo hoy a Efe Sergio Graf Montero, Premio al Mérito Ecológico 2018.
El investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) consideró que los principales problemas son los intereses económicos y, en términos legales, la actual Ley de Minas, que ha impedido ejecutar medidas contra la explotación en dichas áreas las veces que se han tratado de implementar en el Congreso de la Unión.
Según expuso el experto, la única forma de hacerle frente al problema es por medio de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico-científico de carácter preventivo y de planeación que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medioambiente.
Sin embargo, los resultados de los estudios son inciertos porque, según apuntó el experto, muchas instancias de Gobierno están en contra de la prohibición y ponen trabas.
Uno de los casos que ejemplifica esto es el del ANP «Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán», la cual Graf dirigió durante 9 años y en la que se quiso establecer una prohibición que finalmente no se materializó, pues «a la hora de establecer la manifestación de impacto ambiental fue imposible», misma situación que se ha repetido en todo el país.
El especialista agregó también que, aunque los actores locales pueden estar de acuerdo en prohibir actividades mineras, «el lobby de esa industria es poderoso y detiene todas las tentativas».
A juicio de Graf, la incompatibilidad de la moderna minería industrial con las áreas protegidas es evidente, pues «toda la minería que se hace ahora es a cielo abierto, y eso es muy peligroso para las reservas», ya que implica remoción de la biosfera como tal para poder extraer los metales.
«Tenemos a nivel nacional como un 12 % del territorio en Áreas Naturales Protegidas, la idea es que se excluya totalmente porque hay suficiente superficie no protegida para hacer esas actividades», precisó.
Según recuerda Graf, uno de los temas más importantes en el proceso de la lucha por la Ley de Biodiversidad era asegurar la prohibición de la minería en esos recintos, algo que finalmente no se ha logrado.
El cercano cambio de administración en el país, con la llegada del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, llena de esperanza al investigador.
«Yo espero que el cambio de administración y con un nuevo Congreso se pueda ayudar a revertir esto», aseguró el consultor de la aplicación piloto del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU por sus siglas en inglés) en Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán.
La estadística más actualizada del gobierno federal revela que hay 25.716 títulos de concesión minera vigentes sobre 22,1 millones de hectáreas, lo que equivale a un 11,3 % del territorio nacional.
Muchas de estas concesiones se ubican cerca o al interior de las ANP y constituyen un desafío para la conservación, según señala la tesis «Áreas Naturales Protegidas y minería en México: perspectivas y recomendaciones» de la investigadora Elisa Armendáriz, publicada por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.
«Se encontró que 1.609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las ANP, esto son 63, sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas», señala el documento.
Además, abunda en que «la aplicación de las nuevas tecnologías ha permitido a la minería explotar depósitos superficiales, los cuales son minados a tajo abierto, con equipos de alta productividad y la incorporación de lixiviación en pilas, tecnología metalúrgica que tiene costos más bajos».
El 30 % de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP mencionan que extraerán metales preciosos (oro y plata), proporción que se eleva a un 73 % si se agregan los principales metales industriales (cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso) y los polimetálicos.
En contraste, el 9 % de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita.
Adicionalmente, el documento destaca que un 11 % de los títulos de concesión mencionan que extraerán «toda sustancia posible».
Las ANP con más altos porcentajes de territorio traslapado de concesiones mineras son «Rayón», en Michoacán, con el 100 %; «Sierra La Mojonera», en San Luis Potosí, con un 86 %; «El Chico», en Hidalgo, con el 55 %; «Los Mármoles», también en ese estado con un 52 %, y la «Sierra de Quila», en Jalisco, con un 50 %. Restan ocho áreas más cuyos porcentajes van del 16 al 32 %.