Zacatecas, Zac. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros “de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros”, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo.
María del Rocío Salinas Godoy, delegada de la dependencia federal desde el año 2017, no quiso ofrecer una entrevista directa a este diario en sus oficinas sobre el tema, y se limitó a proporcionar información por escrito, a través de su secretaria, quien advirtió en tono de regaño a éste reportero que “no fue un derrame de jales, como se ha publicado”.
La versión de la Profepa delegación Zacatecas contradice lo que denunció José Núñez Vázquez, Secretario General de la sección 201 del Sindicato Minero, quien aseguró que en la mina propiedad de Germán Larrea (que opera ilegalmente desde agosto de 2018 con un grupo de 700 esquiroles que rompieron una huelga formal), ocurrió un derrame de jales que contienen metales pesados y químicos tóxicos.
Incluso señaló José Núñez Vázquez, durante dos días Grupo México tuvo a una cuadrilla de trabajadores realizando labores de “limpieza” en el cauce del arroyo contaminado, levantando con palas y vehículos los lodos de los jales, en un intento por minimizar los daños provocados al ecosistema con el derrame.
Pero este lunes la delegada Salinas Godoy –quien en junio de 2018, unos días antes de la elección presidencial, fue acusada por un grupo de burócratas en periódicos de Zacatecas, junto con otros delegados federales, de coaccionar el voto a favor del PRI-, elaboró un comunicado donde minimizó el derrame de la mina operada por Grupo México.
Según lo informado por Salinas Godoy, a la mina San Martín, el pasado sábado (tres días después del derrame), asistieron inspectores de Profepa, “quienes recorrieron el sitio y asentaron en el acta que el derrame (agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros) recorrió 750 metros aproximadamente por el cauce del arroyo El Salado”.
De los cuales, 550 metros del derrame fueron “dentro de la propiedad de la unidad minera”, y 200 metros “fuera de los límites de la propiedad sobre el mismo cauce. El arroyo se encontraba seco”.
Por lo anterior informó, se inició un procedimiento administrativo el 11 de mayo “donde se dictarán medidas de urgente aplicación con base en la NOM-147-SEMARNATISSA1-2004”.
Asimismo se informó que la propia empresa, Industrial Minera México, S.A. de C.V., Unidad San Martin, “dedicada al beneficio de minerales metálicos de plomo y zinc” (también se extrae plata y oro), fue la que notificó el miércoles 8 de mayo a las autoridades sobre el derrame, el cual se produjo cuando se realizaban “actividades de mantenimiento y rehabilitación de sus bombas”.
“Durante las pruebas de funcionamiento de éstas, se presentó una falla en la válvula de uno de los equipos de arranque para el relleno hidráulico, lo que generó un vertimiento de 20 mil litros de agua con sedimentos sobre suelo natural”.
Una vez ocurrido esto, “la empresa notificó del derrame al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), quien a su vez informó a la delegación federal de Profepa, por lo que se realizó la visita a la zona para atender la emergencia ambiental el 11 de mayo junto”.
Se confirmó además, como lo había denunciado a este diario José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Minero, que “los rastros del derrame se observaron hasta la intersección donde la comunidad de San Martín descarga aguas negras”, es decir en los límites del caserío del lugar.
“La empresa realizó limpieza, pero en el recorrido los inspectores observaron rastros de los sedimentos en algunas partes del cauce. No se observaron áreas afectadas de cultivo”.
Sin embargo, admite la delegada de la Profepa, el mismo sábado pasado se inició el procedimiento administrativo consistente en un reporte técnico de la visita, “para el emplazamiento donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base en la NOM-147-SEMARN/SSA1-2004, para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados”.
Finalmente, María del Rocío Salinas Godoy proporcionó como delegada de Profepa, información relativa a los permisos de operación que tiene Germán Larrea Mota Velasco para operar la mina San Martín, desde 1985, mediante la “licencia de Funcionamiento LF-32-53”.
Y sobre los trabajos que se realizan desde el año pasado al interior de la mina San Martín –ilegales según lo ha denunciado el Sindicato Minero, pues se rompió con esquiroles una huelga formal-, la delegada de Profepa justificó las operaciones de Grupo México:
“Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación contempladas en el oficio de exención de la Manifestación de impacto Ambiental contenido en el oficio No. DFZ152-200/18/1913 de fecha 9 de noviembre de 2018”.
Es decir que antes de la transición presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó a Germán Larrea Mota Velasco realizar actividades en la mina donde el 21 de agosto de 2018, con el apoyo de policías antimotines y militares, el magnate rompió la huelga del Sindicato Minero e introdujo a 700 esquiroles para explotar ese yacimiento polimetálico.