Después de casi dos años de juicio, el día de hoy a las 10 de la mañana en la Sala Penal de Cajamarca se emitió sentencia sobre el caso “Chaupe”, familia acusada por Minera Yanacocha de usurpar sus propiedades en el proyecto minero Conga.
Como se recuerda, este denuncia de interpuesta por Minera Yanacocha se inició en noviembre del 2011, la empresa minera intentó desalojar por la fuerza a la familia Chaupe de su terreno ubicado en inmediaciones del proyecto minero Conga (Ver video de intento de desalojo)
Minera Yanacocha aduce que estos terrenos son de su propiedad y que fueron comprados a los directivos de la Comunidad de Sorochuco en el año 1994; sin embargo, la familia demuestra con sus títulos de posesión y contratos de compra venta que ellos son los reales propietarios y comuneros, y que han poseído estas tierras desde los años 90, además que nunca dieron su autorización ni cedieron en venta estos terrenos, y que siguen viviendo en los mismos hasta la fecha.
La denuncia dio lugar a un juicio que en primera instancia se llevó a cabo en Celendín y que terminó sentenciando a la familia Chaupe como culpables del delito de usurpación en agravio de Minera Yanacocha, ordenando no solo una reparación civil a favor de la empresa, sino el desalojo de la familia de los terrenos.
Tal sentencia fue apelada y el día de hoy la Sala Penal resolvió este caso, declarando NULA no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de la familia Chaupe, por contener no solo errores de tipo jurídico y de hecho, sino por haber obviado valoración de pruebas fundamentales que obran en el proceso y que son favorables a esta familia.
Esta sentencia significa no solo el reconocimiento de que la familia fue sometida a un proceso judicial mal llevado, sino que fue injustamente Sentenciada sin los medios probatorios suficientes.
Es verdad que el efecto de esta sentencia será someter a la familia a un nuevo juzgamiento, pero esta vez en condiciones diferentes con un juez imparcial que está obligado a valorar todas las pruebas que la familia aportó y a emitir una sentencia dentro de lo que la ley establece.