Las autoridades judiciales de Puno y Juliaca pretenderían vincular a los dirigentes de las zonas quechua y aymara de la región Puno con grupos violentistas internacionales, denunció Pablo Salas Charcas, Secretario de Desarrollo Institucional de CONACAMI PERU.
Según explicó, las fiscalías provinciales de Puno y Juliaca han solicitado a la Interpol información acerca de presuntos vínculos que tendrían los principales líderes que encabezaron las protestas en la región Puno con los llamados Ponchos Rojos de Bolivia.
Salas Charcas explicó que desde el pasado jueves se ha venido citando a los dirigentes comunales que participaron en las protestas contra las concesiones mineras, para que rindan sus instructivas. Esto se ha venido haciendo en varios grupos, siendo hasta ahora unos 200 campesinos los citados por las fiscalías provinciales.
El dirigente de CONACAMI PERU, señaló que entre los dirigentes que vienen siendo investigados por presuntas conexiones con esos grupos se encuentra el líder aymara Walter Aduviri.
Algo que llamó la atención del dirigente fue el hecho que la celeridad con que se pretende resolver este proceso, en el que se encuentran comprendidos los dirigentes y líderes comunales, mientras que en el caso de los seis campesinos fallecidos cerca del aeropuerto de Juliaca las investigaciones no avanzan al mismo ritmo.
Muestra de ello, indicó, es que a los policías investigados por el presunto asesinato de los manifestantes se les citó y estos no se presentaron, pero nadie dice nada al respecto.
Frente a esta situación, Pablo Salas aclaró que las protestas fueron realizadas por iniciativa de los propios comuneros y no estuvieron encabezadas ni dirigidas por grupos de izquierda u otros como los llamados Ponchos Rojos.
Alertó que existe es una intención de amedrentar a los dirigentes y líderes sociales con la finalidad de evitar futuras protestas.
“En Puno hemos hecho un deslinde con los grupos violentistas, pues aquí no existen intereses políticos, solo los justos reclamos de los pueblos originarios, cuya única ideología es el Buen Vivir”, sostuvo el dirigente.
Asimismo, manifestó que el único interés político y económico que hay en este proceso es el que tienen las empresas transnacionales mineras que buscan acallar a las comunidades y no exijan el respeto de sus derechos.
Por ello demandó que los procesos en contra de los dirigentes y líderes sociales se lleven adelante con total transparencia e imparcialidad por parte de las autoridades judiciales y exigió al gobierno de turno que derogue el marco legal que criminaliza la protesta social.