Luis Gárate
03 de febrero de 2020
Foto: Perfil industrial
Pasadas las elecciones congresales del 26 de enero último y con la nueva composición de fuerzas políticas en el Congreso que ha generado más de una sorpresa y una serie de análisis sobre la fragmentación de las bancadas, vuelve al tapete el tema de la compleja relación de la minería con la sociedad.
Precisamente ha sido el presidente Martín Vizcarra que ha declarado que el proyecto minero Tía María, “definitivamente” no se ejecutará durante su gobierno porque “no están dadas las condiciones”, tras las protestas realizadas durante meses por los habitantes del Valle del Tambo. “Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo, pero hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas”, señaló Vizcarra.
En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado que “le corresponde (al Estado) promover la inversión privada formal, aquella que ha cumplido con todas las normas y que resulta ambiental y socialmente responsable”. “No nos podemos dar el lujo de seguir postergando un proyecto que significa una inversión de más de US$ 1,400 millones dólares y que, durante su fase de construcción, aportaría casi 0.5 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)”, ha declarado el presidente de la SNMPE.
El ex presidente de Confiep, Roque Benavides, también ha reforzado la idea que no es “imposible” que se de luz verde a Tía María, dando a entender que es un tema de voluntad política y de mayor acercamiento de la empresa a la población. La actual presidenta de Confiep, María Isabel León, ha señalado que el presidente Vizcarra no debería pronunciarse en contra de Tía María “sin un sustento técnico”.
Cabe recordar que el año pasado, luego de los estallidos sociales en Las Bambas y Tía María, algunos gobernadores regionales del sur andino plantearon una iniciativa de Ley General de Minería y el presidente Vizcarra anunció el 28 de julio de 2019 que se nombraría una comisión de expertos que trabajaría la propuesta. Algunos de los partidos electos para el Congreso han señalado que están dispuestos a ver el tema. Sin embargo, la presidenta de la Confiep ha sentado posición y no ha tardado en declarar que no es “el momento adecuado para hacer cambios a la ley de minería”.
Como se sabe, desde hace bastante tiempo la conflictividad social en el país está fuertemente vinculada a la actividad minera. Según la Defensoría del Pueblo, el año 2019 se desarrollaron 220 conflictos sociales a lo largo y ancho del país, de los cuales el 65% estuvieron vinculados a la actividad minera.
Recordemos que en el caso concreto de Tía María, la empresa Southern no ha podido absolver las legítimas observaciones técnicas y las dudas de los agricultores del Valle de Tambo sobre los impactos que el proyecto puede provocar en la zona, principalmente a la producción agrícola.
No se trata entonces de un tema meramente coyuntural, es un problema de fondo que involucra la gestión del Estado, el funcionamiento de la propia institucionalidad vinculada a la minería y del marco normativo que no permite mecanismos adecuados de participación ciudadana y tampoco una adecuada evaluación de los proyectos y la consiguiente fiscalización. A pesar de las presiones de los gremios y voceros de la gran empresa, este nuevo Congreso sí podría poner en discusión un nuevo marco legal que permita prevenir y atender mejor la conflictividad generada por los proyectos mineros.