La diputada federal por Zacapoaxtla de extracción priista, Josefina García Hernández, presentó un punto de acuerdo para que la Semarnat deje en manos de las autoridades y no de la empresa Minera Frisco, la consulta a la población de Tetela sobre la tercera fase de exploración de oro y plata en el Cerro de Espejeras.
De acuerdo con lo publicado en el órgano informativo de la Cámara de Diputados año XVII, número 3954-IX, la legisladora pidió se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a revisar la aprobación que emitió a favor de la minera propiedad de Carlos Slim Helú y sean las autoridades las que consulten a los pueblos afectados sobre la pertinencia del proyecto y no la empresa.
Lo anterior debido a que considera que la autorización de la Semarnat emitida en octubre de 2013 para que la Minera Frisco busque oro y plata en Espejaras, viola los instrumentos nacionales e internacionales sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, al dejar en manos de la empresa la presentación de un “acuerdo firme y definitivo con las comunidades”.
García Hernández indicó que las concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos autorizados en la Sierra Norte de Puebla han generado conflictos sociales, debido a que “vulneran los derechos colectivos” de las comunidades indígenas.
“Son conocidas las protestas de los habitantes de estas comunidades, con relación a proyectos específicos tales como el de construcción de una planta hidroeléctrica en los márgenes del río Ajajalpan, por parte de Grupo México, mismo que ha sido objeto de trabajos anteriores por parte de este Poder Legislativo, y el proyecto de exploración minera en el área denominada Espejeras, municipio de Tetela de Ocampo”, apuntó la legisladora.
Por ello exhortó a que la resolución de la Semarnat se apegue a lo dispuesto por los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales que prevé “consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”.
En el punto de acuerdo que aparece en, García Hernández indicó que la consulta a los pobladores de Tetela sobre una medida que les afecta en forma directa, “debía ser una acción previa a la autorización, y desde luego, al emprendimiento de cualquier obra, proceso que además, debe ser conducido por la autoridad y no por la empresa”.