El presidente dominicano Danilo Medina vetó el martes y devolvió al Congreso una polémica ley que declara como área protegida los terrenos donde la minera multinacional Glencore Xstrata tiene fincados sus proyectos futuros en el país. En una carta enviada a Cristina Lizardo, presidenta del Senado, Medina detalla que tiene «serias dudas» sobre los efectos que tendría la ley ante compromisos internacionales y la protección a la inversión, así como los relacionados a la compatibilidad con la constitución y la seguridad jurídica. La ley fue aprobada de urgencia a finales de agosto por ambas cámaras legislativas.
Entre otros motivos, el mandatario reitera «la inexistencia a la fecha de estudios concluyentes que determinen la necesidad» de crear el área protegida en una zona de 42 kilómetros cuadrados (16,2 millas cuadradas) en Loma Miranda, 110 kilómetros (68 millas) al noroeste de Santo Domingo.
Aclaró que su decisión «no representa una expresión de la voluntad del gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda», ya que el permiso debe tomarse luego de que se hayan completado los estudios de impacto ambiental.
«Es una cobardía» de parte de Medina, dijo el sacerdote católico Rogelio Cruz, quien ha participado en las protestas populares contra la explotación minera en Loma Miranda. Anunció que los grupos que se oponen al proyecto minero realizarán manifestaciones a partir del miércoles en rechazo al veto presidencial y para exigir que el Congreso reitere la creación del área protegida.
Cruz, al igual que un grupo de obispos, grupos ambientalistas y académicos, se opone a la explotación minera de la zona por considerar que afectará de manera negativa la biodiversidad y la generación de agua, que irriga a la zona arrocera más importante del país.
En un comunicado difundido tras la aprobación de ley en el Congreso, la compañía insistió que su plan no daña el medio ambiente y que la mina se ubicaría a un kilómetro de distancia del río más importante.
La ley fue aprobada por los legisladores luego de dos años de protestas populares contra el proyecto para comenzar a extraer ferroníquel de esa zona durante un periodo de 25 años a partir de 2016.
Aunque Medina se había abstenido de emitir su opinión de manera pública, a finales de 2013 había dicho que acataría la decisión del Congreso, y en 2012 solicitó el apoyo de las Naciones Unidas para evaluar el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía Falcondo, filial de Glencore Xstrata.
Tras varios meses de análisis, el equipo de especialistas de la ONU determinó en mayo de 2013 que el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía era «incompleto y superficial» y citó, entre otras razones, que de los 40 manantiales que hay en Loma Miranda, la empresa sólo identificaba cuatro.
David Soares, presidente de Falcondo, insistió el lunes en conferencia de prensa que en Loma Miranda no existen plantas ni animales en peligro de extinción y tiene poca relevancia como productora de agua. Consideró también que la creación del área protegida implicaría la expropiación de los terrenos y sentaría precedentes negativos para la llegada de inversiones del país.
Falcondo adquirió en 2008 unas 1.380 hectáreas en Loma Miranda y ha insistido que la extracción de materiales en esa área representa su única alternativa para mantener sus trabajos en país, ya que a la mina que explota desde 1971 sólo le quedan unos cuatro años de vida útil.
De forma previa a la decisión de Medina, la cúpula empresarial dominicana pidió el martes en un comunicado que la ley no fuese promulgada. La aprobación de dicha ley fue «empujada por grupos ideológicamente radicales, que de manera constante se oponen al desarrollo sostenido», indicó.
Los comerciantes y empresarios de la ciudad de Bonao, donde se ubica la vieja mina de Falcondo, también protestaron y realizaron una huelga el lunes contra de la ley por considerar que afectaría a la economía local.