Helmuth Huerta
El primer recurso de reclamación contra la Superintendencia de Medioambiente (SMA) fue ingresado en el nuevo Tribunal Ambiental. Un grupo de agricultores del Valle de Huasco, de la región de Atacama, considera insuficiente la multa de 8 mil millones de pesos impuesta a la minera canadiense Barrick Gold. Buscan la revocación del permiso ambiental para este proyecto aurífero.
Ocho mil millones de pesos es la multa que aplicó el 24 de mayo pasado la Superintendencia de Medioambiente a la empresa de Canadá Barrick Gold. Eso equivale apenas al 1.8% de la inversión inicial del proyecto, que contempla desembolsar 4 billones 250 mil millones de pesos. Por eso, y por los impactos negativos sobre el río El Estero, en la cabecera del Valle del Huasco, un grupo de agricultores acudió al Tribunal Ambiental, para presentar el primer recurso de reclamación contra la Superintendencia de Medioambiente, a cargo de Juan Monckeberg.
Aun cuando esta autoridad impuso la máxima multa señalada en la Ley 20.417 del medioambiente, que está en pie desde el año 2010, los agricultores exigen que se anule la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Pascua Lama. Por lo demás, la multa es a beneficio fiscal, mientras que los impactos ecosistémicos causados por la contaminación de enero de este año, los están pagando ellos.
El abogado Álvaro Toro expuso el tenor del primer recurso de reclamación contra la Superintendencia de Medioambiente: “Consideramos que la sanción que aplicó el superintendente al proyecto Pascua Lama es demasiado baja y que la máxima multa que permitía el sistema era una cantidad muy baja para la inversión del proyecto y con una paralización temporal a la espera que la empresa cumpla ciertas exigencias. Nosotros pedimos la máxima sanción que está establecida en la ley de la superintendencia, que es la revocación del permiso ambiental, esta sanción puede ser emitida tanto para incumplimientos gravísimos, es uno que tiene la empresa e incluso para los incumplimientos simplemente graves, que son los otros cuatro incumplimientos de la empresa”.
Los 5 incumplimientos sancionados se relacionan con destrucción de glaciares, contaminación de material particulado sobre suelo y cuerpos de agua, y falta de medidas de protección laboral. Cabe recordar que sólo la faena de prospección de Pascua Lama (mientras se buscaba oro entre la década de los ’80 y el año 2000), resultó, según la consultora Golder Asociados, en la destrucción casi total de los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza.
Como es sabido, Barrick Gold comprometió el pago de 60 millones de dólares a la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco, que agrupa a los grandes agricultores de la zona. Con esto se buscó reducir la oposición al proyecto, en la antesala de que se aprobara en enero de 2006. Hoy, a causa de los impactos ambientales de Pascua Lama, que sólo está en fase de construcción y todavía no de extracción de oro, los agricultores y regantes están divididos.
En este sentido, el agricultor Rubén Cruz explicó que “la Junta de Vigilancia paso a ser un ente fiscalizador, pero a la vez cómplice de la empresa minera. Nosotros no nos sentimos representados y nos somos partícipes de esos dineros, que finalmente eso también está bajo una investigación, donde los grandes directores de esa junta de vigilancia son como Omar Campillay, quien es dueño de casi todo el Valle del Huasco y el Campo del Tamarugal que también trabaja con la empresa minera. La junta de vigilancia no nos representa por todos los manejos truchos que han hecho con las platas que han llegado desde la minera”,
Cabe señalar que el Tribunal Ambiental, vigente desde diciembre de 2012, es parte de la nueva institucionalidad generada en la reforma del año 2010, como instancia judicial especializada para estos temas, que revisa específicamente recursos asociados a “daño ambiental”; es decir, cuando un proyecto empresarial ya consumó un impacto negativo sobre un ecosistema, como es el caso de Pascua Lama. Pese al avance en la institucionalidad ambiental, por ley estos tribunales ambientales están operativos sólo en Antofagasta, Santiago y Valdivia. De ahí que los agricultores de la Región de Atacama hayan tenido que viajar a la capital a presentar este recurso.