Esta mañana el Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), presentó una denuncia en contra de la Mina Marlin, a quien señalan de contaminación ambiental en comunidades de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Por su parte, la mina refiere que no hay sustento en la denuncia.
Carlos Loarca, representante legal de Fredemi, integrado por comunidades de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, presentó la acción legal por los delitos de usurpación de aguas, usurpación de propiedades, contaminación industrial, propagación de enfermedades a plantas y animales, falsedad material, falsedad ideológica, explotación ilegal de recursos naturales, entre otros.
Según indicó, con la denuncia solicitan que el Ministerio Público (MP), inicie una persecución penal en contra de directivos, ejecutivos, administradores, funcionarios y empleados de la empresa Montana Exploradora, Sociedad Anónima, por la contaminación que produce la mina Marlín.
Loarca refirió que informes de Fredemi han revelado que la labor del proyecto ha contaminado el río Cuilco, que atraviesa la comunidad Siete Palos, una de las más afectadas, ya que el agua es utilizada para el riego de siembras, alimentación del ganado y hasta uso doméstico.
Para sustentar la denuncia presentaron un informe con más de cien testimonios de personas afectadas por la contaminación, enfatizó el abogado, así como fotografías del ganado muerto y de niños con afecciones en la piel.
Entre el informe presentado, citan como ejemplo el caso ocurrido el 16 de noviembre pasado, a Marcela Mejía, de la comunidad Siete Palos, ubicada en la parte baja de la mina, quien llevó a sus animales a beber agua al río Cuilco, y después el ganado padecía de vómitos hasta que murieron.
«Es una denuncia penal amplia e integral de los hechos ocurridos en los últimos cinco años y que ya habían sido dados a conocer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», aseguró Loarca y, además, agregó que «recurrimos a la Fiscal General, porque la Fiscalía Distrital de San Marcos está coptada por la empresa minera».
SIN SUSTENTO
Mario Marroquín Rivera, director ejecutivo de GoldCorp en Guatemala, propietarios de la Mina Marlin, operada a través de su subsidiaria en el país, Montana Exploradora, dijo que la acción presentada por Fredemi no tiene ningún sustento legal.
«Está clarísimamente comprobado por monitoreos, evaluaciones y análisis de entes responsables del Gobierno que ese no es el caso», aseguró.
Respecto al incidente del ganado muerto, dijo que el hecho sucedió en aguas arriba de donde opera la mina, por lo que no ven bases que fundamenten la acción legal.
«Nos preocupa que el MP tenga que invertir recursos en una denuncia que no tiene ningún sustento», reiteró.
Por otro lado, Fredemi señaló que la CIDH dictó medidas cautelares contra la mina Marlin, el 20 de mayo del año 2010, y que «estas hasta hoy han sido sistemáticamente incumplidas».
Marroquín negó el extremo y dijo que la instancia resolvió retirar las medidas al comprobar que no existe ninguna base que sustente las declaraciones de las comunidades.