12/10/2020
Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos y de los ambientalistas que han sido criminalizados por defender el río Guapinol, presentaron un recurso de amparo a fin de evitar la cárcel a Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.
Los defensores del medio ambiente de Guapinol, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro.
Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.
“La acción legal responde a las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional tomada en marzo, pero no notificada hasta en agosto de 2020 en donde se vulnera el derecho al debido proceso, a la asociación y reunión pacifica, un fallo revocó arbitrariamente sobreseimiento definitivo de cinco, altamente reconocidos defensores inicialmente otorgado en marzo de 2019”, recordó la defensa de los ambientalistas en la lectura del comunicado frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Asimismo, siguió en la lectura, “la Corte revocó el auto formal procesamiento para ocho defensores encarcelados, sin fundamento razonable, mientras la criminalización continua contra los defensores del agua de Guapinol, las campañas de difamación han resurgido poniendo en peligro las vidas de los defensores y de su familia”.
Además de los dos fallos de la Corte de Apelaciones que se apelaron hoy, la Sala de lo Constitucional admitió un amparo en septiembre contra otro fallo de la Corte de Apelaciones sobre la aplicación ilegal de la medida cautelar de prisión preventiva que había sido copiada y pegada de un fallo completamente diferente, denunciaron como parte de las irregularidades en el proceso judicial que siguen las víctimas del sistema de justicia.
PERSEGUIDOS, ESPERAN PREMIO Y HAY INFORME INTERNACIONAL REVELADOR
A opinión de la defensa de los ambientalistas acusados, con estas acciones antes descritas, el sistema de justicia muestra una vez más, la naturaleza imprudente y arbitraria de las decisiones y procedimientos de los tribunales en este caso en donde la Sala de lo Constitucional, no ha admitido aún su sentencia final.
En ese contexto, con los amparos presentados se solicita que las resoluciones de la Corte de Apelaciones de jurisdicción nacional, sean dejada sin efecto y que se garanticen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos, la CSJ debe responder a la acción judicial en 48 horas.
Mientras eso acontece en el país con los protectores del medio ambiente, el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo propuso a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.
En Septiembre, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el reporte denominado “Guapinol Resiste” en el que se analiza minuciosamente el origen del conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras, en donde se verifican las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón, propiedad del empresario Lenir Pérez y vinculado a la familia Facussé.
Entre los hallazgos se destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Se denunció en el documento que el estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, y además, se indicó que los derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
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