La primera y principal medida solicitada por la CIDH es “Suspender la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A. e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares”.
La respuesta del Estado es de “atenderla”, sin embargo, a pesar de que la medida cautelar tiene un carácter urgente en cuanto a su cumplimiento o implementación, las autoridades no la han hecho efectiva.
Por este medio se invita a la prensa nacional e internacional para la cobertura de la presentación de la acción de amparo contra las autoridades
Fecha: 21 de julio de 2010
Hora: 14:30 horas
Lugar: Torre de Tribunales, Corte Suprema de Justicia
Más información
José Pelicó
Comunicador Waqib´ Kej
Celular: 41041361
Señor Gudiel:
Equipo jurídico comunidades de San Miguel y Sipacapa
Celular: 55295083
Ixim Ulew, Kajib´ Ajmaq, Mol
Guatemala, 21 de julio de 2010
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Comunicación
WAQIB’ KEJ
www.waqib-kej.org
Tel: 2434-9754, 2438-1424 ext. 20
Fax: 24349500
Boletín de prensa
COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y SIPACAPA ACCIONAN CONTRA EL GOBIERNO POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
Las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, presentaron una acción de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de las medidas cautelares solicitada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a favor de esos pueblos Mayas, afectados por la actividad de la Mina Marlin.
La acción fue presentada en la torre de tribunales por varios abogados y los representantes de las comunidades, con el fin de que un juzgado ordene al Estado que cumpla de inmediato las medidas cautelares, entre los que se menciona, como principal, el cierre de operaciones de la Mina Marlin.
Desde que Guatemala suscribió convenios internacionales en materia de derechos humanos tiene la obligación de cumplir con las resoluciones emanadas de entes como la CIDH, de lo contrario vulnera el derecho internacional y viola sus obligaciones asumidas, señaló Benito Morales, uno de los abogados que presentó la acción.
El Estado debió haber cumplido de inmediato las medidas cautelares solicitadas en mayo pasado por la Comisión, pues se trata de una orden precautoria, para garantizar la seguridad y la vida de los habitantes de los alrededores de esa empresa.
Al no actuar, el gobierno mantiene en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas de las comunidades circunvecinas a la mina, como el atentado con arma de fuego que sufrió recientemente la lideresa Teodora Antonia Hernández Cinto, presuntamente por parte de trabajadores de la minera, dijo David de León, representante comunitario que acompañó a la delegación que presentó la acción de amparo.
Las comunidades de San Miguel y Sipacapa, exigen a las autoridades del Juzgado que conocerá el expediente que actúen de inmediato, pues está en riesgo la vida de la población en resistencia contra la minería; aunque no hay un plazo para que se responda a la acción, los abogados y los delegados miguelenses y sipacapenses esperan que sea pronto.
Ixim Ulew Kajib´ Ajmaq, Mol
Guatemala, 21 de Julio de 2010