El 13 de julio a las 9am se llevó a cabo la presentación del 18° Reporte del OCM, por CooperAcción, Fedepaz y Grufides. El acto se llevó a cabo según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e internacional, expectante al panorama sociopolítico relacionado con la minería y el ambiente, de cara al gobierno que en breve asumirá funciones.
Por CooperAcción inició el evento José de Echave, ofreciendo un panorama macro de la economía en relación a la actividad minera, revisando la situación de disminución de concesiones mineras, la intensidad de los conflictos sociales, y la relación entre elecciones y zonas mineras. Señaló que hay dos tipos de conflictos, los que evidencian oposición o los que consideran la coexistencia con la actividad minera. En estos casos, si bien hay descontento en la población, ésta no le está diciendo a la minería que se vaya sino que, si se va quedar 15 ó 20 años, por lo menos que converse con ella sobre los impactos económicos, ambientales y sociales que va generar. Le siguió Ana Leyva quien hizo un repaso de las normas que vienen poniendo en riesgo el carácter preventivo y garante de derechos que debería tener el Estado en materia ambiental y de protección de derechos. Si bien existe la intención de simplificar la tramitología esto no puede traducirse en desproteger derechos fundamentales de la población, dijo.
La intervención por Grufides estuvo a cargo de Mirtha Vásquez quien compartió su preocupación por la expansión de actividades mineras en Cajamarca y mencionó a Odebrecht. Señaló que se vienen dando manifestaciones de resistencia por parte de la población, como en el caso de las lagunas de Hualgayoc o en La Shacsha (Baños del Inca), donde la Autoridad Nacional del Agua de la región ha tenido que aceptar que el problema del agua que vienen sufriendo tiene que ver con las actividades extractivas. Asimismo, que las vías administrativas y judiciales están siendo utilizadas por las empresas mineras, más no están funcionando para la impartición de justicia y protección de derechos, ni siquiera en casos tan mediáticos como el de Máxima Acuña.
Finalmente, por Fedepaz intervino David Velazco, quien revisó la actual situación de conflictividad social, señalando que la Defensoría del Pueblo registra 212 conflictos sociales en junio, que el 71.7% son de tipo socio ambiental, que el 62.5% de éstos se concentra en la actividad minera y que más del 50% del total de conflictos se concentran en las regiones de Apurímac, Ancash, Puno, Cajamarca, Cusco y Piura.
Asimismo, señaló que muy vinculada a los conflictos está la criminalización de la protesta social, la misma que se manifiesta en la represión violenta y directa, la demolición de honras y/o en la persecución judicial. En su evaluación sobre los avances y retrocesos del gobierno de Ollanta Humala citó la Base de Datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (www.criminalizaciondelaprotesta.pe), la cual registra 50 personas fallecidas y 750 heridas en contextos de conflictos social, aseverando que en este gobierno no se respetó la vida ni la integridad personal, generándose graves situaciones de impunidad.
Luego de las presentaciones, los periodistas realizaron preguntas sobre los datos señalados y las expectativas en el próximo gobierno de PPK, de una tendencia de derechas y vinculado a empresas transnacionales.
Cada uno de los citados representantes del OCM dio respuesta en la línea de la necesidad de fortalecer las capacidades reguladoras del Estado y sus instituciones, de garantizar la protección de derechos, de dar cumplimiento a los acuerdos que tanto esfuerzo y tiempo toman, de mejorar la implementación de procesos de consulta previa. Así también, de cara al trabajo por una mejor gestión de los conflictos desde la sociedad civil, se mencionó que era necesario el fortalecimiento de capacidades para el diálogo y la participación en la población que vienen trabajando las organizaciones que conforman este observatorio y que, como bien señaló David Velazco, permitirá mejores condiciones en los procesos de negociación y acuerdos.
Con el ruego de su difusión.
Lima, 13 de julio de 2016.
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