En el proyecto los legisladores pretenden que las empresas del sector paguen anualmente el 5% de sus ganancias a estados y municipios donde se encuentran los polos de extracción.
Ciudad de México • La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que reforma la Ley de Minas y de Coordinación Fiscal con objeto de que todas las empresas del sector paguen anualmente 5 por ciento de sus ganancias a los estados y municipios donde se encuentran asentados los polos de extracción, con el fin de desarrollar programas de educación, generación de infraestructura pública, agua potable y alcantarillado.
En la exposición de motivos refiere que actualmente las empresas mineras se ven beneficiadas por la Ley de Coordinación Fiscal y sólo cubren derechos por la explotación y aprovechamiento, que no son acordes con los ingresos que las empresas ganan tras la explotación del subsuelo.
Se espera que la reforma, presentada por los priistas Marco Antonio Bernal y Adolfo Bonilla, se apruebe antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
“Consideramos que la forma de calcular y por tanto de cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales en el subsuelo no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que obtienen los titulares de una concesión minera, por lo que se considera que el Estado no está obteniendo una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la nación que se encuentran en explotación”, refiere.
El proyecto expone que en países como Australia, Brasil, Chile y en algunos africanos –grandes productores de minerales metálicos -, el promedio de pago por explotación minera es del 4 por ciento de sus ventas totales, iniciando a partir de 1.5 por ciento, como mínimo, y hasta 5 por ciento.
A diferencia de esos países, en México continúa operando una base para el cálculo del pago que no retribuye adecuadamente al país por el aprovechamiento de los recursos naturales.
La iniciativa propone que los concesionarios que lleven a cabo la explotación y que por tanto produzcan y comercialicen minerales o sustancias sujetas a la regulación de la ley en la materia, deberán de cubrir por concepto de compensación un porcentaje de 5 por ciento sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias de la actividad.
Así, el Estado mexicano obtendría una recaudación constante, conveniente y cierta para sus planes y proyecciones a mediano y largo plazos, y no se ahogaría a las empresas mineras imponiéndoles un derecho calculado sobre una base incorrecta, porque las ventas representan el final del proceso productivo, y no obstante, de ellas se recuperan todos los costos de extracción y producción de los minerales.
De tal forma, 20 por ciento de la recaudación formará parte del fondo de participaciones que controla el gobierno federal y el 80 por ciento restante se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.