Los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, estado mexicano vecino de Estados Unidos, además del riesgo de accidentes en pozos artesanales que dejan decenas de muertos desde 2006, ahora lidian con la amenazante presencia del cartel de Los Zetas.
En los pozos de carbón de la región de Agujita y Barroterán, los mineros trabajan en condiciones precarias, sin protección alguna y en pozos estrechos que carecen de un plan de escape de emergencia.
Rosalío Ayala, de 48 años, perdió el pie derecho y parte de una pierna en marzo pasado después de que una piedra le cayó encima.
«En el carbón ya no puedo trabajar porque ya no es igual sin un miembro. Trabajé 30 años en esa industria y en los pozos no hay ventilación. Hay mucho polveo. Se necesita también andar con gaseo (oxígeno), pero tampoco hay gaseo ahí», explica el minero.
«No había ningún plan de emergencia, sólo la puerta donde entraba y por la misma salía. No había otra salida posible. No hay como salir ni donde correr si hay una emergencia», agrega Ayala.
Pero ahora los accidentes no son el único riesgo. La zona minera ha visto ingresar a un nuevo protagonista: el cartel de Los Zetas, una violenta organización que usaba la carretera federal 57, a cuyo alrededor se levantan los pueblos mineros, para llevar cocaína a Estados Unidos.
El secretario de Gobierno de México, Alejandro Poiré, reconoció a comienzos de noviembre que hace un año se investiga la incursión en las minas de carbón de Los Zetas, considerado el más brutal de los cárteles que operan en México.
Las denuncias de que Los Zetas se han apropiado de algunas pequeñas minas han crecido, sobre todo después que su máximo jefe Heriberto Lazcano murió al enfrentarse en octubre con militares en Progreso, un pueblo donde aparecía ante los vecinos como explotador de un pozo artesanal.
Lazcano fue abatido en la cancha de béisbol de ese poblado de menos de un millar de habitantes. Su cadáver fue robado después por un comando armado.
La presencia de Los Zetas ha traído una multiplicación de la violencia en Coahuila. Patrullas militares y de la policía federal establecen controles en las carreteras que van hacia Estados Unidos. Pero los habitantes no se sienten seguros.
La Cámara Minera Mexicana, que agrupa a las empresas del sector, denunció en su informe anual 2012 que la inseguridad es el principal desafío que enfrentan.
«Por tratarse de actividades que se realizan mayormente en zonas apartadas de las ciudades, la explotación minera es uno de los sectores industriales más vulnerables ante el crimen organizado», afirmaron.
Para la organización «Familia Pasta de Conchos», creada por allegado de los 65 mineros que murieron por una explosión en la mina del mismo nombre en 2006, la llegada de narcotraficantes ha sido facilitada por la falta de presencia del estado.
«Al no aceptar responsabilidades por falta de seguridad en las minas que es competencia del gobierno, al no haber sanciones por la muerte de los mineros, cualquiera se mete a sacar carbón», dice un investigador de esa ONG que requirió el anonimato.
«Los pozos no cumplen ninguna norma. Es imposible que cumplan normas. Es totalmente inhumana la situación en estos pozos. Sin embargo, las autoridades los autorizan y no castigan a ningún empresario», señala Raúl Vera, obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila.
«Hay corrupción dentro de las autoridades y los legisladores», denunció el prelado en una entrevista con la AFP.
Para Ayala el carbón ha sido su vida por tres décadas, aunque haya estado a punto de morir por los accidentes. Antes de la caída de piedra que lo dejó sin pierna, el minero sobrevivió milagrosamente cuando se inundó el pozo en el que laboraba.
«Los trabajadores corrían para formarse, para poder salir del pozo. En el bote, sólo podían salir dos personas cada vez. Yo logré salir del pozo después de la tercera subida», relató.