Dominicanos y dominicanas:
Es ya de conocimiento general que el Congreso de la República Dominicana aprobó de forma irracional, con métodos arbitrarios impuestos por el Partido de la Liberación Dominicana, y en contubernio con una facción del Partido Revolucionario Dominicano, un contrato lesivo para la República Dominicana a favor de la empresa Barrick Gold Pueblo Viejo. Sabemos por igual que una minoría de congresistas rechazó este contrato y exhibieron una postura patriótica y correcta de rechazo a ese accionar.
En aquellos momentos históricos, los medios de comunicación no sirvieron de portavoz de esas minorías, ni pudieron informar sobre todos los riesgos en materia de salud, ambiente, economía y educación pertinentes a los peligros que corremos en la República Dominicana y Haití si convertimos nuestro país en una mina a cielo abierto. Pero por otro lado, hay que reconocer que en ese momento accionó una minoría de periodistas y escasos medios de información, identificándose con esa minoría de congresistas que adoptaron una posición correcta frente al citado contrato y a favor de una isla sostenible.
Felicitamos a esos periodistas y escasos medios por su posición patriótica de ese momento, aunque hoy esos periodistas se encuentran desempleados. Pero queda la mayoría de las preocupaciones sobre la megaminería y el uso de cianuro aún sin aclarar, y este es el tema por el que la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), conjuntamente con el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), han convocado a este encuentro, con el más sano deseo de mejorar la información al país al respecto.
Iniciamos sin preámbulos nuestra propuesta, resumiendo los principales puntos a dilucidar sobre la megaminería como sigue:
En materia de Salud,
1. La Unión Europea realizó un estudio de Salud en algunas comunidades aledañas a la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, y encontró incidencias de cáncer seis veces superiores al promedio nacional, por la exposición a metales pesados provenientes del mal manejo ambiental de los sulfuros de oro procesados.
2. El uso de cianuro en los procesos extractivos está prohibido en numerosos estados de Norteamérica, en varios países de la Unión Europea, en muchas regiones de Canadá y en Costa Rica, y la megaminería por igual. Es mandatorio la prohibición inmediata del uso de cianuro en la minería en la isla de Santo Domingo. La ANA se siente comprometida en luchar por esta causa, hasta lograr esta prohibición, ya que considera este hecho insostenible y de altísimo riesgo para el país y la isla.
3. El uso masivo de agua de proceso en contacto con metales pesados es el procedimiento prevalente en la megaminería, siendo el caso de la extracción del oro aún más contaminante de estas aguas debido el tipo de proceso. En las soluciones ambientales propuestas para disminuir este impacto se recurre a presas de contención de estas aguas contaminadas de esa industria. La actividad sísmica coloca a nuestro país en un alto riesgo, duplicando la amenaza de que estas aguas contaminadas sean vertidas en el territorio nacional en cualquier momento, corriendo el gran peligro de inundar grandes regiones fértiles y zonas pobladas con estos metales pesados y cianuro, exponiéndonos a destruir la salud de todos y contaminar
por milenios las actividades productivas, así como alejar el turismo de nuestra isla para siempre.
4. El uso de fuentes fósiles de energía para la industria megaminera contribuye al calentamiento global, y nuestra isla es un lugar de los más sensibles al cambio climático por su condición insular entre otras.
5. Las emisiones de ozono, de partículas en suspensión, y la emisión de metales pesados, son llevados a las plantas y éstas llegan hasta las aguas, creando contaminación. Las mediciones llevadas a cabo en el valle de Bonao muestran resultados preocupantes como consecuencia de las emisiones negativas realizadas por la Falcombrigde, quienes pudiendo colocar filtros para mitigar este efecto, prefirieron invertir comprando varios medios de comunicación para ocultar su accionar impropio e irresponsable frente al medio ambiente.
En materia de ambiente y economía,
1.Los ecosistemas donde se practica la megaminería son alterados irreversiblemente o destruídos. Tenemos el caso de la Alcoa en Pedernales, la Falcombrigge en Bonao y la propia Rosario Resources como ejemplos palpables, para entender que donde la actividad minera actúa, se modifica el ambiente, y esto de una manera irreversible.
2. El beneficio en las comunidades locales no es proporcional al daño ambiental que generan las megamineras irresponsables. Podemos ver los índices de desarrollo de Pedernales, los cuales hablan por sí solos. Es un modelo económico que aunque aporta al fisco parte de sus ingresos, éstos no llegan a las comunidades que reciben el mayor impacto ambiental de la industria que sí recibe beneficios.
3. La minería a menor escala, como es el caso de las minas de yeso de Barahona, la mina de Larimar en Bahoruco, las minas de carbonatos de calcio, utilizados para hacer pasta de dientes y otros usos en la cercanía del Lago Enriquillo, las minas de agregados de la construcción no han tenido los impactos ambientales tan negativos como la megaminería, pudiendo recuperarse la condición ambiental. La Asamblea Nacional Ambiental no se opone a la minería, sino que se opone a la megaminería que no toma
en cuenta los ecosistemas ni a los seres humanos. No nos oponemos a la minería siempre y cuando los riesgos no sean tan grandes como los corremos hoy en día con la mina de Cotuí operada por la Barrick Gold y la Goldcorp.
4. La propuesta de Majescor Resources y de Eurasian Minerals no toman en cuenta a los seres humanos, ni a las comunidades animales y vegetales ni al ambiente. Proponen una explotación de la Cordillera Central y el Massif du Nord en su totalidad. La Ley 64-00 del 1980 planteaba la definición por una Ley del Uso de Territorio a nivel nacional, donde se definirían zonas a preservar como protegidas para garantizar los procesos naturales, y plantea una zonificación de uso del territorio dominicano como forma de asegurar
a las futuras generaciones un país sostenible. No hemos avanzado en esta zonificación, pero la Dirección de Minería sí ha otorgado concesiones mineras en todo el territorio dominicano, dejando casi nada de espacio a las actividades de los seres humanos y a los ecosistemas.
5. La equidad no es un atributo de la sociedad dominicana en el 2013 y no existen modelos solidarios que permitan mejorar las diferencias de oportunidades de los habitantes de nuestra isla. Vivimos bajo un
modelo económico alejado del ambiente, usando los recursos naturales como si estos fueran inagotables, irrespetamos los ecosistemas, como si estos no fueran frágiles a las acciones humanas, y no tenemos un plan de futuro. Una definicón de la ley Territorial, tomando en cuenta a los seres humanos, el ambiente y a las futuras generaciones, es mandatorio y urgente, y la posición de la ANA al respecto de la inclusión de la megaminería en este modelo es altamente cuestionable. Estudios muy profundos y exhaustivos deberán demostrar claramente la sostenibilidad de esos proyectos antes de ser festinados en sus aprobaciones poredios corruptos, dado el débil sistema democrático de la República Dominicana y de Haití. Un empoderamiento de población y la correcta divulgación de la información para todos los habitantes de la isla deberá ser una prioridad de los medios de comunicación y de todos los dominicanos al respecto de la megaminería.
En materia de educación,
1. La educación ambiental es mandatoria a todos los niveles en la República Dominicana. Mejorar los sistemas educativos, integrar a todos los actores del la economía en un plan nacional de educación ambiental es imprescindible para incorporar al estudiantado al conocimiento de su entorno y tratar de salvar los ecosistemas nacionales ya altamente afectados por el uso económico de estos por el hombre.
2. Nuestros ríos en las desembocaduras no llevan agua potable; nuestras costas han perdido su flora y fauna natural; el uso inadecuado de los terrenos agrícolas en numerosos valles y planicies han creado dependencia de una agricultura química; el uso inadecuado del agua limita su disponibilidad en muchas partes del país, y así podemos enumerar otros usos inadecuados del territorio y las implicaciones ambientales de estos actos en la sostenibilidad. Educar al respecto es mandatorio y urgente. Reconocer nuestras fallas y trabajar para mitigarlas es un deber de todos. Lograr calidad de vida para todos es la meta, y vivir en una isla con sostenibilidad es el reto.
3. La actividad de hoy aquí y con todos ustedes pretende crear una expectativa en los medios de comunicación, para que juntos preparemos un plan de acción consensuado.
Podemos entender que estas reflexiones son complejas para ser puestas en marcha a corto plazo y que requieren de mucho esfuerzo, requieren de cambios en la visión económica y mercantil del uso de los recursos naturales de la isla, pero también entendemos que si no actuamos, corremos el riesgo de perder la soberanía y afectaremos a las futuras generaciones irreversiblemente, dejándoles un país de inferior calidad de vida de la que pudimos gozar, lo que no nos permitiría lograr el reto.
Atentamente;
Omar Bros
Presidente de la Asamblea Nacional Ambiental –ANA-, Inc.