La agrupación se mostró molesta por lo que califica como un “juego sucio” y un intento de evadir la normativa y sortear una nueva evaluación ambiental. Por su parte, la dirección regional del Sea admitió que existe, tanto la posibilidad de requerir una nueva evaluación ambiental como de no hacerlo, dependiendo de los posibles impactos.
La información dada a conocer por Mina Invierno a fines de la semana pasada en torno a evaluar la posibilidad de modificar su mecanismo de explotación carbonífera para comenzar a aplicar el método de tronadura, activó los radares de la agrupación ambiental Alerta Isla Riesco, dirigida por Ana Stipicic, quien se mostró sorprendida y molesta por el anuncio, denunciando a la empresa por lo que consideró como un “lobby regional” para intentar evadir un nuevo estudio de impacto ambiental.
“El estudio de impacto ambiental y la resolución de impacto ambiental indican expresamente que lo que se aprobó es una explotación mecánica a través de palas hidráulicas, entonces, es muy distinto evaluar un proyecto y sus impactos asociados al medioambiente con una explotación mecánica, versus una con explosivos”, declaró Stipicic.
En su momento, cuando se realizaron las evaluaciones correspondientes a la aprobación del proyecto en sí, los servicios implicados consultaron a la minera sobre el futuro uso de tronaduras a lo que la empresa se negó rotundamente. Incluso cuando se le pidió especificar la posibilidad de utilizar explosiones en el futuro, la compañía reiteró que no lo haría, según consta en el Servicio de Evaluación Ambiental (Sea).
“Esto nos parece un juego sucio, finalmente, porque cuando se analiza un proyecto, debe hacerse de manera integral, de manera que todos los servicios que ven los temas puedan identificar impactos, pedir mitigaciones y decir sí o no a ciertas cosas, y eso no se hizo en el momento, por tanto, tratar de incluirlo ahora, cuando la mina está aprobada y tratar de cambiar lo que es el corazón de un proyecto minero -de uso mecánico a explosivos- cambia totalmente el panorama”, explicó la activista magallánica.
La agrupación exigió, por tanto, el ingreso bajo una nueva evaluación de impacto ambiental con la intención de hacer partícipes al resto de las instancias competentes. “Este cambio es un tema no menor, que no puede ser discutido a puertas cerradas entre la minera y el Sea (…) son muchas las personas que van a resultar afectadas. El Sea tiene que exigir a la minera que haga una solicitud de pertinencia para meterse a un nuevo estudio de impacto ambiental”, reclamó.
Director del Sea
Por su parte, el director regional (s) del Sea, José Luis Riffo, relativizó los posibles impactos en la utilización de tronaduras en la isla, señalando que éstos dependerán de la cantidad de explosivos, de material que se removerá y la frecuencia de las explosiones que utilice la empresa.
No obstante, señaló que, entre ellos, se considera la generación de emisiones atmosféricas (polvo en suspensión), contaminación acústica, vibraciones que podrían afectar a estancias cercanas y a la fauna próxima al sitio de extracción, así como contaminación de aguas superficiales, sin descartar la posibilidad de afectar cursos de agua subterránea.
“La tronadura es algo nuevo para el proyecto, de hecho fue descartado por la empresa anteriormente, no obstante, en la región ya existe la utilización de este mecanismo por parte de mina Pecket, donde se puede ver que no ha habido mayor impacto en la ciudad”, explicó Riffo.
Aún así, agregó: “Lo que sí debemos hacer nosotros, como servicio, es ver si esta nueva actividad de tronadura va a generar impactos mayores a los que fueron evaluados”.
Una vez que la empresa ingrese la consulta de pertinencia o la solicitud de autorización al Sea, existen dos alternativas: una es que el servicio considere que los futuros impactos no ameritan la realización de una nueva evaluación ambiental y los permisos, junto con la fiscalización pasen al Sernagomin, o bien, que el Sea exija el correspondiente estudio en cuyo caso la compañía deberá presentar un nuevo proyecto específico para este fin, que quedaría sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente.