En el marco de la III Cumbre Amazónica, que reunió a cinco de los seis prefectos de la zona, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, aseveró que «no existe una planificación del proyecto minero», el cual, a su juicio, beneficiará a multinacionales y tendrá un alto impacto ambiental.
«Acaso nos estamos encaminando para que esta minería sirva para el bien de los ecuatorianos o acaso hemos caído en la agenda de las empresas mineras extranjeras y ellas nos están llevando a su vaivén y para sus intereses», subrayó Quishpe a la prensa.
En cambio, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha enfatizado que el desarrollo de la minería a gran escala es primordial para el desarrollo del país y ha dicho esta semana que espera que se cierren los nuevos contratos en los próximos días.
«Como debe de ser, en forma responsable, ambiental y socialmente vamos a desarrollar nuestro potencial minero», destacó el mandatario.
En julio, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, dijo que Ecuador negocia con cinco empresas extranjeras concesiones mineras que implicarían una inversión de 4.020 millones de dólares, mientras que Correa manifestó que el 53 % de las rentas mineras quedarán en manos del Estado.
Al igual que el resto de la Amazonía ecuatoriana, Zamora Chinchipe, donde se realizó la cumbre, es una joya verde de gran biodiversidad, que cuenta con papagayos de infinitos colores, boas constrictor de hasta ocho metros que se aposentan majestuosas en los árboles y tortugas milenarias que transitan pacientemente por el suelo.
Para el vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Pepe Acacho, Correa quiere «destruir y acabar con los seres vivos, hombres, mujeres, plantas y una rica biodiversidad que hay en la Amazonía», por lo que el pueblo de esta región «está en lucha y en resistencia».
«No dejaremos de hacer o declinar, somos hombres de lucha, somos guerreros, sabemos ganar y sabemos vencer, y mucho más con un pueblo unido», afirmó Acacho, quien se opuso a cualquier tipo de actividad que produzca daño medioambiental en la Amazonía.
Correa señaló este martes que la mayor amenaza para la biodiversidad de la región no es la explotación minera o petrolera, sino la agricultura.
«Con una explotación adecuada del petróleo y la minería, que tiene impacto ambiental, pero muy concentrado y que puede ser remediado, podemos evitar la expansión de la frontera agrícola», opinó el mandatario.
Por su parte, Quishpe resaltó que en Zamora Chinchipe están realizando «un programa de producción limpia» como alternativa a la minería, que consiste en el cultivo de café y cacao para exportación.
La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, destacó que la explotación petrolera en esa provincia sólo ha conllevado «contaminación y muerte».
En este sentido, dijo que espera que esa experiencia sirva de ejemplo para los demás territorios para que desde un inicio «se exija» una planificación a las personas que entran a explotar la Amazonía, «para luego no sufrir impactos medioambientales, ecológicos, sociales o culturales».
En un acto al que asistieron unas 2.000 personas, según los organizadores, los prefectos pidieron al Gobierno que cambie la ley de explotación de minas y de petróleo para que los pueblos en cuyo territorio están los recursos puedan decidir si éstos se extraen o no, y beneficiarse más en el caso de que se aprovechen.
«Estamos contentos de compartir nuestro petróleo con el resto de los ecuatorianos, pero no es justo que nos dejen a nosotros la contaminación y el olvido», destacó Llori, quien recordó que pese a que la mayoría del petróleo sale de las provincias de Sucumbíos y Orellana éstas son de las regiones más pobres del país.
La exportación de crudo financia el 25 % del presupuesto estatal y ahora el Ejecutivo pretende abrir a licitación 21 nuevos bloques petroleros de 200.000 hectáreas cada uno en la Amazonía.