El miércoles 25 de marzo, mientras el núcleo frío de altura se manifestaba desde Atacama hasta la región de O’Higgins. El mismo día, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) evacuaba un informe que explicaba la situación por la “afectación de lluvias y aluviones en la zona norte del país”.
El informe caratulado como “Número 2″, sintetizaba los informes que había solicitado a las empresas mineras sobre la situación de sus trabajadores tras las precipitaciones. Varias de las mineras habían detenido sus operaciones y comunicaban que los trabajadores estaban en los campamentos, resguardados.
Pero la segunda parte del informe del Sernageomin reportaba sobre el estado de tranques y relaves por región. Al menos 8 tranques y relaves de la región de Atacama estaban en riesgo de colapso parcial: Los depósitos El Gato, Planta Matta-Enami, el tranque del Relave Candelaria, el de la mina Carola, el de Las Cruces y el depósito de lamas de Caserones son algunos de los que estaban en riesgo de colapsar, y la medida de control que el Servicio sugería para controlar la situación era monitorear el nivel del agua en la cubeta y adoptar la “medida para desagüe de emergencia”. Es decir, para al menos estos seis depósitos no había ninguna forma en que el hombre pudiera detener el colapso si las precipitaciones no se detenían: sólo había que monitorear cuánto subía el agua y establecer un desagüe de emergencia, y prevenir a las poblaciones cercanas para evacuarlas, según informaron fuentes de Sernageomin.
En Tierra Amarilla, los tranques o depósitos artificiales —que en Chile son usados para riego o para contener residuos mineros —, estaban inactivos; sin embargo, también se informaba un peligro de que pudiera colapsar parcialmente. Además, el Sernageomin informó del peligro de socavamiento del pie del muro, para lo cual ordenó controlar la acumulación de agua en la cubeta, adoptar una evacuación de emergencia y proteger las tierras y personas de la erosión que se pudiera producir si las precipitaciones no se detenían.
En Copiapó, los relaves de la abandonada planta minera de Ojancos, propiedad de Sali Hoschild tenían un riesgo de “colapso parcial por erosión fluvial del pie”, por lo que el Sernageomin sugería monitorear el curso del Río Copiapó y adoptar las medidas necesarias para protegerlo de la erosión. El Tranque de Enami en Vallenar también registraba peligros de colapso parcial, y se solicitaba monitorear el agua de la cubeta e implementar medidas de evacuación de emergencia en caso de que fuera necesario.
El informe —al final de este artículo— que tenía fecha de 25 de marzo, era desmentido al día siguiente por la ministra de Minería, Aurora Williams, que según consignó a El Diario Financiero, sobrevoló la zona y señaló que “hoy (miércoles 26 de marzo) no hay riesgos en los relaves, tanto en los activos como en los inactivos. No visualizamos riesgo de colapso, así como también no visualizamos mezclas que se puedan producir del contenido de los relaves con las bajadas de agua o con los cauces existentes”.
El mismo Sernageomin desmintió a través de un video los peligros, un día después de que había sido evacuado y publicado el informe con los peligros de colapso de los tranques.
La sospecha de que los químicos contenidos en los relaves hayan escurrido cerca de las zonas pobladas llegó hasta el Congreso. Los senadores del MAS Alejandro Navarro y el independiente Alejandro Guillier oficiaron a Roberto Bravo, director del Instituto de Salud Pública (ISP) para que realizara un estudio toxicológico con objeto de verificar los efectos ante posibles rebalses sufridos en distintos relaves afectados por las precipitaciones y sus consecuencias. Navarro denunció que “el relave Hoschild —incluido en el informe del Sernageomin— estaría contaminando los causes de las aguas que bajaron por las calles”, haciendo eco de las denuncias recogidas por la ONG Relaves.org.
La misma organización anunció que durante la próxima semana viajará a la zona afectada para evaluar con sus propios especialistas cuál es el estado de los depósitos, y cuál es el posible nivel de toxicidad de las aguas y barros que han tapado las calles del norte; sumándose a los monitoreos que el Ministerio del Medio Ambiente ha efectuado de los tranques de estos relaves mineros.
La preocupación surgió debido a las denuncias que ya se realizaron por el accidente en la Mina Zaldívar —propiedad de Barrick Gold—, que según Sernageomin se debía a una “pila de lixiviación y no a un depósito de relave”.
¿Dónde está la prevención?
El académico de la Escuela de Ingeniería en Prevención de Riesgos de la Universidad del Pacífico, Alexander Betzhold analizó la situación descrita y señala que hay responsabilidades compartidas en caso de que exista una alta contaminación de los barros y aguas que han formado parte de los aludes y aluviones producidos por las precipitaciones. “La Onemi no es la única organización responsable (…) las municipalidades son las responsables de los Planos Reguladores Comunales” señaló el experto.
Betzhold asegura que los relaves activos que utilizan las empresas mineras para depositar sus residuos —ricos en metales pesados altamente cancerígenos como mercurio, arsénico y plomo—, tanto disueltos en agua como en estado sólido debido a su deshidratación; si cuentan con permisos ambientales (RCA), deben estar bajo la vigilancia de la Superintendencia del Medio Ambiente en cuando a sus compromisos de no contaminar y deben ser vigilados por el Sernageomin en cuanto al cumplimiento del Decreto Supremo 248, que es el “Reglamento que aprueba los proyectos de depósitos de relaves” —en su diseño, construcción, operación y cierres de ellos—; y además deben ser supervisados por la institución en cuando a los planes detallados “para enfrentar emergencias con sustancias y residuos peligrosos”, según indica el artículo 42 del “Reglamento de condiciones santitarias y ambientales básicas de lugares de trabajo”, entre otro completo portafolio de normativa relacionada.
El experto aclara los riesgos que también tienen los relaves mineros que están abandonados o inactivos, como el de Hoschild. “Estos pasan a llamarse pasivos ambientales, y pueden contaminar las aguas subterráneas (de pozo) y generar aerosoles respirables arrastrados por el viento”, señala Betzhold. Además, agrega que caso de que esto sucediera “el Seremi de Salud debe intervenir según el Código Sanitario, disponiendo la remoción del material y cerrando la zona contaminada”.
“Entonces, ¿por qué vemos en la televisión pozas con líquidos azules metálicos aflorando en el pueblo de El Salado”, se pregunta el experto en Prevención de Riesgos.
Rigor periodístico
En una publicación hecha por el tabloide amarillista Las Últimas Noticias, éste se refirió a las denuncias de los vecinos por la posible contaminación, y antes de que existiera cualquier estudio concluyente de toxicidad —ya que, como se menciona anteriormente, recién fue solicitado ayer por los Senadores Guillier y Navarro al ISP—, sólo consignó la declaración del Sernageomin en la que el Servicio aclaraba “que no existía ningún depósito de relave en estado crítico” y el accidente de la Mina Zaldívar, sin siquiera mencionar el informe de la misma institución que hablaba de riesgo de colapso de algunos tranques, o las denuncias de los habitantes que sí existen. Como Yornal, consideramos que la irresponsabilidad en este caso particular exige la rectificación del tabloide por el mérito de su dignidad y la de sus profesionales.