El 7 de agosto de 2010, en el discurso de posesión, Juan Manuel Santos señaló que el medio ambiente sería un objetivo central de su gobierno. Ese día, en la mañana, viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta donde se reunió con líderes y representantes de la comunidad indígena Tayrona. En un acto simbólico, los “Mamos” le entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras: tierra, agua, naturaleza y buen gobierno, que harían parte integral de la administración que comenzaba.
El 24 de noviembre de 2016 se firmó, entre el gobierno de Santos y las Farc, el Acuerdo Final de Paz, que contiene los puntos y acuerdos que contribuirán a sentar las bases de una paz estable y duradera. El punto de la Reforma Rural Integral tendrá en cuenta el principio del “desarrollo sostenible”, es decir, la reforma será socio-ambientalmente sostenible y demanda de la protección y promoción del acceso al agua y la protección de los ecosistemas.
Llevamos 8 años de debate ambiental. La lista es larga: el futuro del páramo de Santurbán al convertirlo en reserva regional, el fallo de la Corte Constitucional sobre el Parque Nacional Natural Yaigojé, las prioridades en la agenda para la conservación de la Amazonía, el colapso ambiental del río Magdalena, la construcción de hoteles en áreas protegidas del Parque Natural Tayrona, el monocultivo de palma africana que está destruyendo la selva húmeda y amplificando los efectos del cambio climático; el contrato de Cerro Matoso que garantiza la explotación a perpetuidad a la BHP Billiton, el proyecto hidroeléctrico Ituango, la explotación de petróleo y su posible relación con la fuerte sequía en los Llanos Orientales, la deforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta y la selva del Amazonas, la minería ilegal en el Pacifico colombiano y el reconocimiento de la Corte Constitucional del río Atrato como sujeto de derechos.
Afirman los expertos que la deforestación es uno de los más graves problemas que enfrenta el país de cara al presente y el futuro. En el tema de la política ambiental y deforestación, investigadores como Juan Pablo Ruíz Soto, Julio Carrizosa Umaña y Manuel Rodríguez Becerra han llamado la atención sobre la alarmante cifra de 220.000 hectáreas deforestadas en Colombia en los tres últimos años. Sobre la minería ilegal han venido esbozando que no es casualidad que el mapa del conflicto armado haya coincidido con el de la minería ilegal. Consideran que la minería artesanal no se ha terminado de organizar y es casi imposible separar a este sector de la minería en manos criminales. Sobre la delimitación de páramos han sostenido que es una labor urgente del Ministerio de Ambiente para que sean excluidos de la minería y de la extracción de hidrocarburos.
Fuente:https://www.proclamadelcauca.com/posconflicto-y-medio-ambiente-un-saldo-negativo/