En diversos países del mundo, los proyectos de grandes empresas transnacionales tienen impactos en los derechos de las comunidades locales. En muchos casos, la contaminación perjudica su derecho a un ambiente sano. En otros casos, los grandes proyectos implican el desalojo o reasentamiento de comunidades, y muchas veces esto se realiza sin respetar el derecho a la consulta previa. También se registran innumerables casos de violaciones a los derechos laborales, hostigamiento a líderes sociales y la violación de derechos civiles y políticos, tales como la protesta y la organización sindical. Incluso, es creciente el número de defensores ambientales asesinados en el marco de su resistencia contra grandes megaproyectos.
Frente a esta realidad, los países miembros de la Organización de Naciones Unidades (ONU) vienen discutiendo cómo garantizar que las operaciones de las empresas respeten los derechos humanos. El 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó un conjunto de Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, los que constituyen un avance, y estipulan la responsabilidad de todas las empresas, sea cual sea su tamaño, su sector o el país en el que se encuentre, de respetar los derechos humanos y de no producir impactos negativos en las poblaciones locales. Sin embargo, estos principios son de carácter voluntario. Por ello, desde hace algunos años el Consejo de DDHH de la ONU creó un Grupo de Trabajo con miras a la creación de un Tratado Vinculante que establezca obligaciones de las empresas para el respecto de los derechos humanos.
Semana de movilización
Esta semana se ha realizado en Ginebra la cuarta sesión de dicho Grupo de Trabajo, conocido como OEIGWG por sus siglas en inglés. Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se dieron cita en esta ciudad europea para promover la creación de un Tratado Vinculante. CooperAcción, en alianza con diversas organizaciones de América Latina, ha participado activamente de este proceso, asistiendo a la sesión oficial, participando de eventos paralelos, sosteniendo diversas reuniones con las delegaciones diplomáticas para exponer los casos de la región y la urgencia de afrontar esta problemática. Así mismo, este viernes tendrá lugar una movilización de los pueblos por un tratado vinculante.
Durante la sesión se ha podido observar que existen tres posiciones contrapuestas. Por un lado, un grupo de países liderados por Ecuador y Sudáfrica impulsa con mucho énfasis la necesidad de establecer dicho tratado que sea de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, el Perú llevó la posición de otro grupo de países, que incluye a Brasil, Colombia y México, y que plantea que no debiera apresurarse el debate y que es necesario lograr un consenso y no aprobar un acuerdo por mayoría. Finalmente, Rusia expuso la posición más reticente, señalando que es peligroso establecer responsabilidades adicionales a las civiles y penales que ya están incluidas en la legislación de cada país. Por su parte EEUU no ha participado pero ha hecho circular un documento donde también expresa sus reservas ante esta discusión. “Hay intereses encontrados que responden a grandes intereses económicos”, explicó Julia Cuadros, representante de CooperAcción en esta semana de incidencia. “Es lamentable que Perú haya declarado que el Borrador Cero fue presentado con poco tiempo de anticipación, se presentó el 20 de julio, pero que además estaba en inglés y no en español”. Cabe destacar que el líder social Víctor Limaypuma, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas (Apurímac) también ha participado de la delegación peruana, exponiendo el caso de la empresa Las Bambas y sus impactos en las comunidades locales.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-y-derechos-humanos/