En la Conferencia de la Sociedad Civil Viena+20 [1], las organizaciones de defensa de los derechos humanos a nivel internacional debatieron, entre otros temas, la necesidad urgente de establecer normas vinculantes sobre los derechos humanos, aplicables a las empresas transnacionales
En el mismo sentido, presentado en la Conferencia, el informe “Impunidad S.A.”[2], publicado por el Transnational Institute (TNI) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), se centra en la vasta arquitectura de la impunidad que se ha desarrollado para satisfacer los intereses del capital transnacional.
Impunidad S.A., que ha surgido como parte de la Campaña global “¡Desmantelemos el poder corporativo i pongamos fin a la impunidad!”, [3] destaca los “súper derechos” y los “súper poderes” de las empresas transnacionales a través de tres estudios de caso. En la publicación se describen los abusos y las violaciones de los derechos laborales fundamentales que se producen diariamente en las fábricas textiles exportadoras que trabajan para estas empresas, como la fábrica textil de Marruecos, que trabaja para la empresa española Inditex. Esto está sucediendo a pesar del discurso sobre la responsabilidad social corporativa y con el apoyo del Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y Marruecos, que no establece ningún mecanismo de sanción para acabar con las violaciones de los derechos fundamentales. Otro testimonio de una situación similar se encuentra en el caso de Centroamérica, donde destaca la profunda asimetría que caracteriza la firma del Acuerdo de Asociación entre esta región y la UE. En este caso, se examina la impunidad garantizada de la empresa española Pescanova en Nicaragua. El estudio de caso se centra en sus impactos negativos por lo que respecta a las precarias condiciones de trabajo, el desplazamiento de los pescadores locales, la destrucción de sus medios de subsistencia y la contaminación del medio ambiente de la región.
Impunidad S.A también indaga en el metabolismo social de Europa para examinar su dependencia sustancial a la importación de materias primas cada vez más estratégicas desde países empobrecidos. Describe la estructura de las exportaciones desde Sudamérica y África hacia Europa y cómo ello provoca que estos países continúen teniendo el papel de exportadores de materias primas y, por tanto, continúen en condiciones de pobreza. Una de las coordinadoras del informe, Mónica Vargas, del ODG, dijo: “Estas empresas utilizan Europa como una plataforma política para asegurar la defensa de sus intereses a través de la ‘diplomacia de las materias primas’, pero Europa es también la destinación de sus productos. Ese es el motivo por el cual los gobiernos de la Unión Europea están especialmente interesados en mantener el modelo corporativo generado de consumo y de producción capitalista que actualmente prevale en la UE”.
A partir de la investigación de las operaciones mineras de Glencore en Colombia, Bolivia y la República Democrática del Congo, de las cuales depende el metabolismo de la UE, el informe describe cómo una empresa transnacional gigante como ésta es capaz de obtener enormes beneficios y, a la vez, provocar graves conflictos sociales y medioambientales. El análisis de sus actividades en los países de MERCOSUR también constituye una prueba del control de Glencore sobre prácticamente toda la cadena productiva, bajo el modelo de “integración vertical” impuesto por la agroindustria. Brid Brennan, del TNI, comentó: “Cuando los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y los Acuerdos de Asociación (AA) ligados a esta empresa se colocan bajo el microscopio, se ve claramente cómo protegen esta empresa transnacional y le dan prioridades, de modo que únicamente sirven para aumentar su hegemonía e impunidad”. Impunidad S.A. describe, asimismo, las operaciones de Glencore en diversas áreas de la economía, centrándose en su papel en la especulación financiera de las materias primas.
Mediante información actualizada sobre la implementación de megaproyectos de infraestructura en Sudamérica (IIRSA-COSIPLAN), el tercer caso del informe se centra en las fundaciones físicas que apoyan la liberalización del comercio y en los costes económicos, sociales y medioambientales que eso supone para las comunidades afectadas. También se evalúa la contaminación adicional de los proyectos de infraestructuras a través de su financialización y enfatiza el papel que juega el capital europeo y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). En este sentido, Impunidad S.A. revela otro hecho preocupante: aunque se empiezan a establecer las bases para contrarrestar el poder hegemónico a través de iniciativas como UNASUR, la reorganización territorial impulsada por el capital continúa avanzando como antes. También se dedica una sección a las mega-represas que se están construyendo en el río Madeira, en la Amazonia, en las que están implicados el Banco Santander, GDF-Suez, Abengoa, Voith, Siemens y otras empresas europeas.
Diana Aguiar, que forma parte de la coordinación de la Campaña global “¡Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad!”, comentó: “hay que establecer urgentemente un Tratado Internacional de los Pueblos, con el fin de proponer alternativas económicas y políticas, así como de establecer mecanismos legales vinculantes y un Tribunal Internacional para hacer que estos mecanismos se cumplan y para garantizar que las empresas rindan cuentas de sus acciones y sean sancionadas por los crímenes que cometen contra la sociedad y el medio ambiente”.
[1] http://viennaplus20.wordpress.com
[2] http://www.stopcorporateimpunity.org/?p=3319&lang=es
[3] http://www.stopcorporateimpunity.org
Contactos:
Mónica Vargas (EN, ES, FR)
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
monica.vargas@odg.cat
+34-66 202 64 97
Diana Aguiar (EN, ES, FR, PT)
Campaña global “¡Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad!” dianaguiar@gmail.com
Más información :
http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
http://viennaplus20.wordpress.com
Documento de la sociedad civil con observaciones sobre la elaboración del “Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos” del Gobierno español
(http://www.odg.cat/documents/novetats/062013Observaciones_Plan.Empresa_DDHH.pdf)