La Corte Constitucional estudia una sentencia unificada con base en dos tutelas tramitadas por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las cuales pretenden evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería.
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta esperan que con una sentencia de la Corte Constitucional se les garanticen y protejan sus derechos tanto ancestrales, como culturales y ambientales.
El alto tribunal tomaría la decisión con base en la revisión de dos acciones de tutela presentadas con el fin de evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería que también afectan los recursos naturales de la región.
Precisamente, uno de los actos jurídicos fue contra la petrolera canadiense Azabache Energy, que realizaba trabajos de exploración petrolera en la cuenca del río Aracataca.
Las aspiraciones de las comunidades indígenas apuntan, además, a que la Corte obligue al gobierno a implementar el decreto 1500 de agosto de 2018, mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y que se obligue a adelantar procesos de consulta previa dentro de la línea negra.
Según Hermes Torres, secretario general de la Confederación Indígena Tayrona, la preocupación no solo de los indígenas, sino en general de los pobladores de la zona, pues en este momento hay más de 140 títulos mineros otorgados, de los cuales por lo menos el 80 por ciento se ha tramitado en los últimos 10 años. Para Torres, lo más preocupante es que están en proceso de adjudicación más de 200.
Edwar Álvarez, asesor jurídico de los pueblos indígenas en temas territoriales y ambientales, precisa que la Corte tomó la decisión de unificar las dos tutelas, lo que prevé que sacará una sentencia unificada sobre territorio ancestral, consulta previa en territorio ancestral y proyectos mineros en la zona.
Delimitación de territorio
“La sentencia de la Corte va a ser la primera unificada sobre delimitación del territorio de la línea negra para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y lo que busca es hacer cumplir el decreto 1500 que el presidente Iván Duque no les quiere cumplir”, manifiesta Álvarez.
La Corte le otorgó un plazo de 5 días al gobierno y a los pueblos indígenas para dar respuesta a una serie de preguntas y una vez surtido este trámite, se debe pronunciar. Los indígenas esperan que la sentencia se conozca antes de finalizar el presente año.
Para los indígenas esta decisión sería un salvoconducto que les permitiría mitigar los riesgos y las amenazas de la minería, en términos culturales, sociales y ambientales, así como la exploración de hidrocarburos y represas en los ríos. “Estas actividades se suman a los efectos generados por el cambio climático y si se permite que se siga explotando la Sierra de esta forma, en una o dos décadas podría desaparecer”, dice Torres.
Lo más grave, asegura, es que esta situación no solo afectaría a la población indígena, sino a los más de 3 millones de habitantes que dependen de los servicios ambientales de la Sierra Nevada, por ejemplo, Valledupar que depende netamente del río Guatapurí, al igual que Santa Marta. La situación de desgaste de la Sierra también afecta a productores de arroz, palma de aceite y otra serie de cultivos que hay en la región.
La decisión de los indígenas de acudir a la vía jurídica es que no han sido escuchados por el gobierno; pues en 2017 cuando decidieron movilizarse se planteó una mesa de diálogo de alto nivel con la idea de constituir un instrumento jurídico que permitiera proteger la Sierra a todo nivel; sin embargo, no hubo una respuesta por parte del ejecutivo de ese momento; como tampoco la ha habido con el actual.
Torres precisa que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas, pero se ha desconfigurado porque se ha tomado para informar y socializar, pero no para tener en cuenta la opinión de las comunidades, por eso consideran importante avanzar en una política minera.
Otra alternativa en la que trabajan los pueblos indígenas es en la visibilización de sus temores y riesgos en diferentes escenarios tanto nacionales como en el exterior, al punto que Torres manifiesta que si sus peticiones no tienen efecto en la Corte, recurrirán a instancias internacionales.
De esta forma, estas comunidades esperan ser escuchadas con el fin de llegar a acuerdos en búsqueda de una protección no solo de los recursos naturales de la región, sino de su propia cultura.
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