La bomba la destapó a fines del mes pasado el intendente Marcelo Marinero, jefe comunal de Iglesia, el departamento de San Juan en el que está la mina Veladero. Advirtió que en el municipio hay unos 3 mil desempleados sobre una población económicamente activa de 5 mil personas. Es decir que la desocupación trepa al 60%, lejos del discurso que reza que la megaminería genera prosperidad económica en las zonas en las que se desarrolla.
Con esa información a cuestas, Diario Huarpe hizo un relevamiento en los cinco municipios de San Juan con actividad minera: Iglesia, Calingasta, Jáchal, Sarmiento y Valle Fértil. Halló que el desempleo es, en promedio, del 25%. Sin embargo, no se puede comparar con la desocupación a nivel provincial, porque el último dato disponible, un 5,5% en el tercer trimestre de 2015 en la capital y el Gran San Juan, fue divulgado por el Ministerio de Economía en base a datos del INDEC kirchnerista. No es creíble.
Por lo pronto, la mayoría de la información recopilada por el Diario Huarpe fue aportada por las comunas. La mejor situación se detectó en Sarmiento, en el sur, donde el desempleo es de alrededor del 15%, pero sostenido en buena parte por las cosechas de uva y aceituna, por lo que se espera que en unos meses el problema se agrave.
En el norte, en cambio, el panorama es otro. Por ejemplo en Calingasta, donde funcionan las minas Casposo y El Pachón, el intendente Jorge Castañeda calculó el desempleo en el 35% de la población, es decir, cerca de 2 mil personas.
En Jáchal funciona la mina Gualcamayo, pero el departamento está cerca de Veladero y, por ser más populoso que Iglesia, se convirtió en el epicentro de la resistencia a la megaminería, sobre todo después del derrame, que visibilizó el conflicto. El intendente Miguel Vega se basó en un informe de la Oficina de Empleo para precisar que el 20% de la población no tiene trabajo y que «la mayoría son mujeres».
No obstante, aclaró que la situación no es más grave gracias a que se está haciendo mucha obra pública. Es cierto: hay una intención deliberada después del derrame de llevar obras a Jáchal para que la débil situación económica no quede expuesta.
Sin embargo, el intendente de Calingasta también advirtió la necesidad de contar con obra pública, hoy parada como en casi todo el país. No es un tema menor. Buena parte del desarrollo de San Juan de los últimos años estuvo basado en el dinero enviado por la Nación, con el que se hicieron las dos obras más importantes de la provincia (una avenida de circunvalación en la capital y un importante plan de viviendas). La transferencia de recursos per cápita de la Nación a San Juan duplicó la media nacional en los últimos años del kirchnerismo.
Desde la Cámara Minera de San Juan respondieron a estas revelaciones periodísticas con críticas al Gobierno provincial. «Con los fondos de la minería no se han creado fuentes de trabajo», admitió el titular de la organización empresarial, Jaime Bergé. «La Cámara hace diez años viene denunciando que los fondos mineros están siendo mal administrados. Y cuando la minería se para en la provincia, ese mismo día, sin otra opción, la gente se queda sin trabajo, porque no se ha generado ninguna fuente de trabajo con ese dinero», reprochó.
La reacción del Gobierno provincial fue, cuanto menos, curiosa. Fue algo así como «no es mi culpa porque no sabía». El subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, le tiró la pelota a los jefes comunales. «Ningún intendente me ha informado sobre estos casos de desempleo», se defendió. «La verdad, desconocía la situación y me sorprende porque estos departamentos, como Iglesia, eran los que más trabajo tenían en todos estos años», insistió.
En este contexto y mientras la megaminería pierde licencia social por el derrame de cianuro en Veladero, desde el Gobierno nacional se apresuraron a prometer la creación de 20 mil puestos de trabajo a partir de inversiones por 20 mil millones de dólares. No obstante, la letra chica de los anuncios muestra que el dinero empezaría a ingresar recién en 2018 y que muchos de los proyectos dependen de la anulación de leyes provinciales que prohíben el uso del cianuro, como las de Mendoza y Chubut.
En esa dirección, en 1993 Minera Alumbrera anunció la creación de 10 mil puestos de trabajo directo en su yacimiento de Catamarca, pero durante la fase de construcción sólo contrató a 4 mil personas, según la propia Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Unos años después, en la fase de explotación, la contratación directa cayó a entre 800 y 900 empleados. La propia empresa reconoce en su web que actualmente da trabajo a 800 personas y a unos mil contratistas.
Este circuito se repitió en todo el mundo. «Al inicio de la operación de una mina, la actividad económica local crece notablemente. Hay nuevas vías y nuevas viviendas construidas para los mineros; también se establecen pequeños negocios para atender la mina y sus trabajadores. Pero aquellas economías frecuentemente se debilitan por el fenómeno llamado company town (economías de enclave), es decir: hay poca actividad económica independiente de la mina. Este nivel de dependencia no genera estabilidad económica a largo plazo», señala un reporte que en 2007 elaboraron las ONG Eearthworks y Oxfam América.
En otras palabras, como coincidió el colectivo Voces en Alerta en un estudio plagado de datos duros que hicieron en el país, «los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo que crea la ilusión de trabajo permanente».
Ahora bien, a nivel nacional, ¿cuántos empleos genera el sector? No es un cálculo fácil de hacer y la mayoría de los datos que circulan son interesados. Hace unos años desde la Secretaría de Minería nacional, hoy devenida en ministerio, se aseguró que «la minería da 450 mil puestos de trabajo». En chequeado.com consideraron que la afirmación es «insostenible».
La información prácticamente no tuvo actualización en los últimos años y la Encuesta Permanente de Hogar incluye a la minería en una categoría más amplia, por lo que no arroja certezas. De hecho el INDEC se sigue basando en la Encuesta Nacional Minera del 2010, según la cual en 2009 el sector generó 23.374 empleos.
De acuerdo al último censo, en 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos, de los cuales 7.127 fueron empleados en el sector de minerales metalíferos –como la mayoría de los yacimientos de San Juan, y el resto trabajó en otro tipo de minas y canteras.
La cifra es similar a la que en ese momento presentó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros sobre los tres proyectos más grandes del país: Veladero, Cerro Vanguardia y Bajo La Alumbrera contrataron entre 2010 y 2011 a 7.198 personas, entre empleados y contratistas.
Frente a ello, la promesa de 20 mil puestos de trabajo nuevos que hizo el Gobierno parece groseramente inflada y sería, más bien, una expresión de deseo, una movida de marketing o ambas.