Martes 04 de Enero de 2011
Las universidades nacionales reciben desde 2008 parte de las utilidades económicas generadas por una empresa minera, denunciada por contaminación ambiental. El tema generó fuertes controversias académicas. Advierten que en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la discusión sobre la «pertinencia ética» de aceptar estos fondos está cerrada.
Fuente: diario El Litoral
30/12/2010. Controversial y polémico, el tema de los fondos de la minería que perciben las universidades públicas sigue despertando posiciones encontradas en el ámbito académico. El tema toca a la educación superior en lo referido a fuentes externas de financiamiento procedentes del sector privado. Pero además roza otras cuestiones más de fondo: la megaminería incorporada en un modelo de desarrollo nacional, el impacto medioambiental de una actividad extractiva a cielo abierto, la preservación de los recursos naturales.
El origen del asunto se remonta hasta fines de la década del ’40, cuando un geólogo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) descubrió una mina en la provincia de Catamarca (ver mapa). En 1958, se sancionó una ley nacional que estableció que esta casa de estudios podría recibir un porcentaje de las utilidades económicas generadas a partir de la explotación de ese yacimiento metalífero, años más tarde conocido como Bajo la Alumbrera. Desde 2008, estos aportes comienzan a repartirse en todo el sistema de educación superior nacional. Actualmente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) distribuye a las universidades las regalías enviadas.
El debate medular que desde el año pasado dividió aguas en muchas facultades del país -al punto de que algunas rechazaron esas regalías- es la pertinencia ética de aceptar dineros que provienen de una actividad sospechada de contaminar el medio ambiente con su actividad extractiva a cielo abierto, y que «saquea los recursos naturales», según las críticas de organizaciones ambientalistas. Ello teniendo en cuenta los postulados más actuales de las universidades públicas, que proclaman y reivindican la defensa del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
«Es una contradicción. Por un lado, desde el discurso, las universidades nacionales promueven la cuestión medioambiental; pero, en los hechos, siguen aceptando esas regalías que llegan de una actividad que contamina y saquea los minerales y metales preciosos del país, los manda en un mineraloducto y en tren hasta el puerto de Rosario y de ahí, al exterior», opinó a El Litoral Roberto Pozzo, docente e investigador de esa casa de estudios.
En la UNL
Este escenario se traslada al ámbito de la UNL. «Acá en nuestra universidad se aceptaron los fondos y el debate fue quedando silenciado, desde rectorado y también desde el movimiento estudiantil. De esto no se habla. Nosotros estamos tratando de provocar el debate», dijo Pozzo, quien días atrás participó de un panel debate sobre el tema. «Por ejemplo, una de las partidas fue asignada en un gran porcentaje a la refacción del edificio que será para la Escuela Primaria de la UNL. No es coherente que, tras aceptarlos, se deriven estos dineros al nivel primario», opinó el docente.
«Las empresas mineras tienen exenciones impositivas, dejan al Estado apenas un 3 % nominal del valor declarado y se llevan los recursos. Al recibir los aportes, las universidades, incluida la UNL, están avalando esto», expresó el investigador. Para la secretaria general de Adul, Mariana Carminatti, «la UNL no debería recibir esas regalías, que vienen de una actividad que contamina. Si no hay debate en los consejos directivos de las facultades, no habrá un debate profundo en el Consejo Superior de la universidad», sentó posición.
Críticas
«El hecho de aceptar estas regalías influye en la formación académica de los alumnos. Porque se atenta indirectamente contra el pensamiento crítico que debe promover toda universidad, ya que ese pensamiento se está subsidiando con fondos externos de la megaminería», agregó Pozzo, al tiempo que replicó uno de los argumentos esgrimidos por el CIN para justificar la aceptación de esos fondos: «Hay una ley nacional que los asigna. El órgano de rectores sostiene que es obligación tomar y repartir esos dineros, y que de no aceptarlos no estaría respetando una norma. Esto es una falacia, es insostenible. De recibirse esos fondos se pueden devolver, y no se estará incumpliendo con la norma». Lejos de agotarse, la discusión sobre el tema seguirá el año próximo.
Panel debate. Días atrás, Roberto Pozzo -parado- junto al docente e investigador Ricardo Mascheroni, y el estudiante Enzo Vicentín, participaron de una charla sobre el tema de los fondos mineros en la sede gremial de Adul.
El tema en el CIN
En el ámbito del órgano de rectores este año se trabajó en una comisión especial sobre el tema de la minería, desde dos enfoques: el medioambiental (impacto de la actividad) y el jurídico, referido a la legislación vigente en la materia. «Creemos que es necesario someter el tema a debate en la Comisión de Ciencia y Técnica, donde participan varios actores académicos desde un lugar interdisciplinario. Hay una necesidad de aportar a la discusión», había dicho a El Litoral el presidente del Consejo, Martín Gil, durante su última visita a Santa Fe.
EL DATO
Alumbrera
La mina Bajo La Alumbrera, en Catamarca, es explotada por una empresa de capitales extranjeros (Minera Alumbrera Ltd.), dedicada a la extracción a cielo abierto de oro, cobre, etc., en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad). El Ymad es un ente público conformado por el gobierno de la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán -por la participación de sus investigadores en el descubrimiento- y el Estado Nacional. El Ymad los administra, y la distribución a universidades se da a través del CIN.
Minera Alumbrera distribuyó US$ 58 millones -equivalente a 229 millones de pesos- en concepto de utilidades a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), en el segundo trimestre de 2010.
