4 febrero, 2019 – Por Alberto Saavedra
En los últimos años se le ha concedido varios contratos a empresas extranjeras para la extracción de minerales en minas mexicanas. La mayoría de las grandes mineras en el país son canadienses y poco se interesaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por medir o considerar los impactos ambientales. Ahora, pobladores de varias comunidades poblanas exigen ser respetadas ante una inminente avanzada del proyecto minero Almaden Minerals.
Detrás de este interés empresarial está un lucrativo negocio en las minas Ixtacamaxtitlán, Puebla. Los pobladores que habitan cerca de esta mina ya solicitan que su opinión sea considerada antes de que la canadiense entre de lleno a extraer recursos cerca de sus hogares. Exigen al gobierno de López Obrador que exige su negativa total a que este proyecto minero arranque en sus comunidades. La petición se hace directamente ante la Semarnat.
La alarma en esta comunidad se inició cuando llegaron rumores de que se inició un trámite para revisar el impacto ambiental que tendrá la activación de la mina. Recordemos que para su funcionamiento correcta, la industria minera necesita extraer recursos usando grandes cantidades de agua de ríos o lagos cercanos, en donde generalmente provocan sequías y contaminación de aguas con los residuos que generan.
Las alertas de organizaciones señalan que la extracción de minerales de esta mina afectará gravemente el medio ambiente, el agua y la salud de los pobladores de Ixtacamaxtitlán. Todo esto como uno más de los daños que han generado las minas en el país, recordemos lo que sucedió en el río Sonora, en donde no se han reparado los grandes daños después de contaminar una de las fuentes de agua más importantes del norte mexicano.
Otra de las grandes quejas de este grupo de pobladores es que los empresarios mineros buscan comprar tierras que rodean la mina. Estas extensiones de terrenos son altamente forestales y que serían utilizadas para ser taladas y servir para la extracción de minerales bajo tierra. A esto se le conoce como una mina a cielo abierto, confirma el medio SinEmbargo, quienes comparten la negativa de estos pobladores ante el proyecto minero.
El proyecto, sin embargo, no es nada nuevo. Desde el 2014 se ha intentado controlar los terrenos cercanos a la mina para iniciar la extracción de minerales. La gran traba para iniciar con todo son las constantes quejas y advertencias que los pobladores han hecho ante derechos humanos y la procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa). Todo esto ha dado tiempo para avanzar en la defensa de estas tierras.
El conflicto entre la empresa minera y los pobladores continúa sin cesar. Mientras unos aseguran que la actividad minera no dañará la zona ni habrá de lesionar las aguas de las comunidades cercanas, los otros afirman que se está vendiendo un discurso de supuesta ecología al asegurar que se usará “agua de lluvia” para la actividad minera.