Pobladores de cuatro comunidades y la cabecera municipal de Ahuacuotzingo acordaron defender las más de 2 mil hectáreas que concesionó la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal a empresas mineras para explotar ese territorio por más de 50 años.
Este fin de semana, en un foro convocado por la pastoral indígena de las parroquias de la comunidad de Atzacualoya, perteneciente al municipio de Chilapa, y de Ahuacuotzingo, encabezadas por los sacerdotes Pedro Felipe Julio y Bernardo Ocampo, el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fernando Estrada García, advirtió a los pobladores sobre los permisos que ha otorgado el gobierno federal a empresas mineras.
Estrada García explicó que en Ahuacuotzingo existen dos polígonos denominados Goleac 5, fracciones 5 y 6, que la empresa minera Zalamera, los tiene concesionados y que ya está explorando.
Los polígonos, dijo el abogado, comprenden desde Mitlanzingo (comunidad que aproxima a la región Centro con la Norte) hasta la localidad de Xitopontla (que une a este municipio con el de Olinalá, en región de la Montaña alta) y tienen una superficie cercana a las 2 mil hectáreas, entre laderas, cerros y terrenos agrícolas.
De acuerdo a información alojada en el portal de internet de la SE, del 2006 a 2013 en los municipios de Ahuacuotzingo y Olinalá se otorgaron cinco concesiones.
En Ahuacuotzingo en 2006 se otorgó la concesión con número de título 228263, para explotar 500 hectáreas, misma que vence hasta 2056.
Dos años después, en 2008, se otorgó el título de concesión número 231794 que permite la explotación de 300 hectáreas en el lote denominado San Martín y que concluye hasta 2058.
En 2012, la SE también otorgó la concesión número 239793 a la empresa Honorio Alcocer Rendón y Socios, para explotación de un lote denominado Las Juntas, que culminará en 2062.
Y apenas el año pasado, en 2013, se otorgaron dos concesiones para la empresa Minera el Patrón, S.A. de C.V, con títulos 242533 y 242534 con superficie a explorar cercana a las 2 mil hectáreas, en el lote llamado 7 Leguas Fracción 4 y 5 en el municipio de Olinalá, que colinda con Ahuacuotzingo.
El abogado advirtió que dependerá de la voluntad de los ciudadanos para que las empresas mineras comiencen a explotar los recursos.
“La empresa deberá entrar si posee permiso de la asamblea comunal o ejidal”, dijo el abogado a los pobladores.
Estrada García señaló que las concesiones mineras en Guerrero se contraponen a los derechos de los pueblos indígenas y los campesinos sólo cuentan para la defensa de su territorio con la Ley Agraria donde, a través de una asamblea de comuneros o ejidatarios, podrá rechazar cualquier proyecto ajeno a su comunidad, como la minería, la tala de árboles, venta de tierras y embotelladoras de agua.
En respuesta, pobladores de la cabecera municipal de Ahuacuotzingo y de las comunidades de Oxtotitlan, Oxtoyahualco, Tecolcuahuatla y Xocoxoczintla, acordaron iniciar una campaña de información para “un territorio libre de minería”.
Acordaron también buscar la unidad con los demás pueblos para informar sobre el caso de la minería y en todo caso llegar a un acuerdo.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2014/08/06/index.php?section=sociedad&article=008n1soc