23 de Agosto 2012
Sandra Ochoa
Unos 400 habitantes de las comunidades del cantón Santa Isabel, al sur occidente de Azuay, realizaron este jueves una marcha en solidaridad por los 20 campesinos involucrados en el «delito contra la administración pública»,
por impedir que el Ministerio del Ambiente (MAE) socialice el proyecto minero Shyri.
Martha Arévalo, defensora de los 20 campesinos, indicó que al momento la Fiscalía realiza una investigación previa, y que de encontrar indicios de las acusaciones se iniciaría el juicio.
Señaló que el miércoles también se movilizaron hacia la Fiscalía, en donde presentaron un escrito en el que los abogados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), defensores de los acusados, solicitaron el archivo de la causa. Indicó que el documento lo recibió el secretario de la entidad, ya que el fiscal estuvo ausente.
Ese proyecto tiene potencial de oro, plata y cobre según informe de la empresa canadiense Cornerstone; abarca territorios de los cantones Santa Isabel, Girón, San Fernando y Cuenca, en donde se ubican vertientes de agua, y limita con el Parque Nacional El Cajas.
“Por eso defendemos la vida y exigimos se cumpla con el mandato minero, que según la Constitución, obliga a realizar una consulta popular a los pueblos”, dijo Abel Arpi, presidente de la Coordinadora de los pueblos del Sur, uno de los acusados.
Varios dirigentes de organizaciones indígenas como la Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), también estuvieron presentes.
Humberto Cholango, presidente de la Conaie, dijo que su presencia es para demostrar que el compromiso de las organizaciones es por el agua y la vida. «Todas las organizaciones estamos para decirles que seguiremos luchando contra la minería a gran escala», indicó.
«Si el señor (Rafael) Correa en las elecciones hubiese dicho que entregaría nuestras tierras a los mineros nosotros no votábamos por él», concluyó.