Como parte de la Acción Popular interpuesta por el senador Iván Cepeda y las organizaciones Tierra Digna, Censat, Pensamiento y Acción Social, Sembrar, Fedeagromisbol y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó a los accionantes a una audiencia este lunes 28 de julio.
La acción pretende determinar si el Gobierno Nacional vulnera y pone en peligro varios derechos colectivos al abrir la ventanilla para solicitar títulos mineros. Para el senador Cepeda y las organizaciones sociales, en el país se está desarrollando la actividad minera a gran escala sin un ordenamiento ambiental que proteja de manera adecuada nuestro patrimonio, sin que garantice el derecho de consulta de las comunidades rurales, sin que se le de verdadera prioridad a la minería tradicional, sin que se definan y protejan los territorios dedicados a la producción de alimentos.
La implantación de la locomotora minera ha dejado como resultado a 31 de octubre de 2013, 9.704 concesiones mineras en todo el país, las cuales alcanzan una superficie 5.347.985 Has de tierra. A esto se suman 20.5 millones de Has que fueron destinadas en lo que se conoce como áreas estratégicas mineras, gran parte de ellas ubicadas en ecosistemas estratégicos, especialmente en el Chocó y en la Amazonia, lo que significaría un desastre ambiental para dos de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. En conclusión, para la explotación de minerales, se ha destinado el 26% del territorio continental del país, con el agravante que el 48% de los títulos mineros se cruzan total o parcialmente con áreas con vocación agrícola.
Es decir, se está haciendo minería donde los campesinos y campesinas deberían cultivar alimentos. Adicionalmente por lo menos 833 títulos se cruzan parcialmente con áreas de protección legal (parques naturales, zonas de reserva forestal, páramos o humedales). Esta situación ha empeorado desde la reapertura de la ventanilla para solicitar nuevos títulos mineros que se dio el mes de julio de 2013.