El pasado 5 de noviembre, del corriente año, se llevó a cabo en el Distrito de Minas Capillitas, en el Departamento Andalgalá, el Encuentro de la Mesa de Conducción y la mayoría de los Caciques de Comunidades que integran el Pueblo Diaguita de Andalgalá. además, una nutrida concurrencia bajo el lema: “Somos todos Originarios”. Entre las conclusiones señalan que las empresas desconocen la cultura y los derechos consuetudinarios y exigen al Gobierno la realización de una Consulta Popular porque las riquezas son propiedad de los Pueblos Originarios.
En una instancia previa al desarrollo del encuentro, mantuvieron una reunión con autoridades gubernamentales y directivos de las empresas mineras, para requerir explicaciones sobre cómo está previsto el desarrollo del Proyecto de Explotación Minera de Cerro Atajo, dado que sólo se escucharon promesas de dudosa credibilidad y la engañosa propuesta de satisfacer necesidades de las comunidades, para lo que se debe cumplir con un relevamiento poblacional y de necesidades; todo esto con el único propósito de obtener la Licencia Social.
El acta labrada en el encuentro señala que “enterados de estas… diabólicas intenciones de la sociedad, conformada por el Gobierno y las empresas, con el único fin de explotar nuestros recursos, de los que hasta ahora no se han visto derrames económicos, como es de público conocimiento”, motivo por el cual realizan esta asamblea con los hermanos de Minas Capillitas.
Las deliberaciones arrojan las conclusiones siguientes:
La Licencia Social emana de la voluntad de todo el pueblo de Andalgalá, no de un distrito departamental.
Que las empresas desconocen la cultura y los derechos consuetudinarios.
Que exigen al Gobierno la realización de una Consulta Popular.
Que las riquezas son propiedad de los Pueblos Originarios, tal como fue reconocido en las conclusiones en el documento elaborado por la Mesa del Diálogo Minero, convocada por el extinto Monseñor Elmer Miani.
En relación con esta asamblea de Comunidades Originarias integrantes del Pueblo Diaguita, movilizadas y autoconvocadas por la incertidumbre que genera la explotación minera en sus territorios, se trata de una cuestión que desde su instalación en nuestra provincia genera movimientos y conflictos sociales en diferentes estamentos de la sociedad de Catamarca, especialmente en las comunidades locales de asentamiento de los emprendimientos mineros. Pero esta asamblea reviste un carácter peculiar, que no puede pasar inadvertido y admite consideraciones particulares, por tratarse de nuevos actores que irrumpieron en el escenario público provincial desde el inicio de la década del 2000, incorporándose a los llamados “nuevos movimientos sociales”, y además sujetos de derechos especiales, particularmente en todo tópico vinculado con sus territorios.
Debe destacarse que el tema de la propiedad de la tierra es el núcleo neurálgico de la problemática indígena, y se ha convertido en principal demanda. Esta situación se explica porque a pesar de lo establecido en el estandarte máximo de nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Nacional,… “reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. No obstante, la realidad indica que todavía falta bastante para lograr una adecuada protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas.