«La diputada del PRD, Hilda Miranda, indicó que tan solo en nueve meses las autoridades concedieron 558 nuevos títulos de concesión a particulares en 1.1 millones de hectáreas, y se desconoce si para ello se consultó a los propietarios de tierras afectadas.»
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, propuso reformas a la Ley Minera, a fin de establecer que los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados al momento de autorizar o negar la realización de proyecto mineros en sus territorios.
La diputada Hilda Miranda indicó que, de acuerdo al Registro Público de Minería, tan solo en nueve meses, de septiembre de 2015 a junio de 2016, las autoridades concedieron 558 nuevos títulos de concesión a particulares en 1.1 millones de hectáreas, y se desconoce si para ello se consultó a los propietarios de tierras afectadas.
Miranda Miranda enfatizó que la autorización para explotar minas en México va en aumento, pero las comunidades donde se realizará ese tipo de actividad no han sido consultadas, lo que ha generado conflictos entre los pobladores y los concesionarios.
Refirió que México reporta 34 conflictos de tipo minero, tan solo detrás de Chile y Perú que tienen 35 cada uno.
Afirmó que México está adscrito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la consulta a pueblos indígenas sobre proyectos de desarrollo que los puedan afectar, pero esa norma no se cumple.
Añadió que en la entrega de concesiones mineras participan en gran medida empresas trasnacionales, es decir, que el beneficio de la explotación en esa rama es para inversionistas extranjeros.
A ello se suma el alto grado de contaminación que genera esa industria extractiva y de explotación, ya que se tiene conocimiento de que existen en México al menos 635 sitios contaminados por el mal manejo de residuos generados por actividad minera, conforme al Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por ello, solicitó aprobar la reforma que instruye a la Secretaría de Economía (SE) a dar información fidedigna, suficiente, oportuna y objetiva a las comunidades indígenas, sobre las ventajas y desventajas del desarrollo de proyectos mineros, a fin de que emitan opinión.
Propuso que el Ejecutivo Federal no podrá dar concesiones sobre tierras o territorios indígenas sin que los habitantes no lo autoricen.
Planteó que la consulta y sus resultados se anularán, si los concesionarios influyeron de manera dolosa e irregular u ofrecieron pagos o entrega de recursos económicos, en las poblaciones objetivo.
Los términos y condiciones de las actividades de exploración y explotación minera autorizadas, se pactarán en conjunto con los pueblos indígenas y con el Estado.
Las concesiones contemplarán medidas para evitar o remediar la contaminación o destrucción de las tierras; territorios; recursos naturales; sitios sagrados, culturales o espirituales de los sitios donde se realizarán los proyectos.
Asimismo se podrá establecer que los habitantes del lugar tendrán la opción de establecer sociedad con las empresas concesionarias.
La propuesta añade, dijo la legisladora, que las concesiones se podrán cancelar si provocan la migración y abandono de los territorios y tierras involucrados; si afecta las fuentes de obtención de alimentos; provoca daño a la salud y bienestar de los propietarios; afecta la disponibilidad de agua; y si generan impacto negativo en zonas culturales, sagradas o espirituales.
Fuente:http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/piden-reforma-para-obligar-a-consultar-a-pueblos-indigenas-sobre-proyectos-mineros-975