21 de Septiembre 2011
Coinciden en exigir participación en reglamento de Ley de Consulta.
Avances y retos. El consultor John Villanueva y el líder nativo Mamerto Maicua coincidieron en respaldar la recientemente promulgada Ley de Consulta y plantearon la participación de todos los sectores en su reglamentación. Las declaraciones tuvieron lugar en el programa Lo Justo, producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
John Villanueva, comunicador y consultor de diversas empresas mineras, consideró que “hay una cuestión de confianza. El funcionario público muchas veces va a una zona de comunidades y lo primero que siente es el rechazo, porque las comunidades lo identifican como una persona que siempre va a estar a favor de las empresas”. Esto no sería algo relacionado sólo con el Gobierno anterior. “Yo creo que eso sigue pasando”, estimó Villanueva.
Mamerto Maicua, presidente de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) coincidió. “Siempre hay desconfianza”, indicó Maicua. “No es cosa de este Gobierno”. El líder nativo consideró que el origen de esta desconfianza es “que nunca han llegado al pueblo, no llegan al sitio. Conversan con unas cuantas personas y para ellos es una consulta”.
Por ello, Maicua estimó que un reto para implementar la Ley de Consulta será que el proceso de diálogo se realice en el mismo lugar geográfico que será afectado, y no en ciudades intermedias o en las capitales de región. “El año pasado representantes del Ministerio de Agricultura llamaron a gente de las comunidades y los llevaron a Iquitos, y para ellos eso fue una consulta”, declaró. “Eso no es una consulta, la consulta debe ser en su lugar, en su pueblo, en su territorio, sabiendo quiénes viven, qué área de territorio tienen, qué usos… esa es la consulta”.
En el mismo sentido, Maicua consideró que la consulta no debe ser realizada sólo a las comunidades más directamente afectadas, sino a la nacionalidad indígena afectada en su conjunto. “La consulta debe ser no a un grupo de personas, sino al pueblo en general, a la nación… Por ejemplo, a la nación awajun, o shapra, o achuar, o shawi, o kandozi… A todo el pueblo, no a un grupo de personas”, indicó.
A juicio de Villanueva, estas expectativas generadas por la Ley de Consulta podrían traer problemas si el Estado no está preparado. “El Estado está ante un enorme desafío”, señaló. “No quiero ser aguafiestas ni pesimista, pero tengo mis serias dudas respecto a si el Estado va a cumplir o no con este desafío. Hago la pregunta: ¿realmente hay funcionarios públicos en número suficiente para ir a las comunidades y explicar los alcances de la norma y tratar de persuadir a las comunidades de los objetivos que se buscan en una consulta?”.
“La ley de consulta es un avance, un mecanismo que puede ayudar, pero también implica sus riesgos”, indicó Villanueva. “Al final se le va a decir a las comunidades ‘si tú no apruebas este tema que te estoy planteando, el que decide soy yo’. ¿Qué va a pasar ahí?”, se preguntó el consultor.
En tanto, ambos entrevistados en el programa conducido por Rocío Silva, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) coincidieron en que la participación de la población es indispensable desde la propia reglamentación de la Ley. Villanueva destacó que “hay una propuesta interesante que está circulando, yo la he escuchado en boca de (Alberto) Pizango (Presidente de AIDESEP), de que el reglamento sea elaborado por una comisión multisectorial donde estén representados todos los grupos de interés”. En tanto, Maicua consideró que “se debe priorizar la participación de los pueblos indígenas. Si lo hacen (el reglamento) a su criterio personal siempre va a salir mal. Tienen que participar las organizaciones como AIDESEP, CORPI, y las comunidades. Tenemos que opinar en esta reglamentación”. Además, señaló que “si se va a reglamentar, tiene que ser en el mismo sentido del Convenio 169”.
Ambos consideraron que la consulta es un avance que permitirá una mayor participación de las poblaciones locales no sólo en la decisión sino también en los eventuales beneficios de un proyecto. “Nosotros estamos satisfechos, pues para que a nivel nacional (se) quiera hacer algunos trabajos empresariales con los recursos que existan se tiene que consultar a los grupos que viven en la zona”, indicó Maicua. En tanto, Villanueva estimó que “una de las claves para evitar que haya conflictos tan graves es involucrar a las poblaciones que están en el entorno de las operaciones ya sean mineras, petroleras u otro tipo de industria extractiva. Eso significa no sólo hacerlos participar durante la llegada de una operación, sino también en la distribución de la riqueza. Las comunidades tienen que estar involucradas en los beneficios de una operación que se está realizando en su propia zona, en el área donde ellos viven. Es lo más justo”. (PM)