15 de Mayo de 2012
El accionar de la policial, responsable de la violenta represión contra asambleístas en Tinogasta, fue denunciado ayer en la Justicia Federal de Tucumán en el marco de una movilización de repudio.
La presentación judicial, entregada al fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, se sustenta en la violación jurisdiccional por parte de la policía provincial catamarqueña que el sábado atacó y detuvo a tres asambleístas apostados sobre la ruta nacional Nº 60, muy cerca del acceso a Tinogasta, en el marco de un bloqueo selectivo a vehículos ligados a Minera Alumbrera (ver nota relacionada).
«Más allá de esto, denunciamos la ilegalidad del accionar policial que actuó sin orden judicial previa para desalojar a los asambleístas. Detuvieron y golpearon a tres compañeros, manteniéndolos durante horas en clandestinidad e incomunicados, violando flagrantemente las más elementales garantías judiciales, como en las peores épocas de nuestra historia», afirmó a Primerafuente, Freddy Carbonel, de la ONG Pro-Eco.
Los asambleístas responsabilizaron por los hechos a la Cámara Federal de Tucumán por haberse declarado incompetente ante un habeas corpus colectivo preventivo impulsado por Redaj (Red de Acción Jurídica), luego de una serie de represiones ocurridas el 10 de febrero contra activistas en Belén, Tinogasta y Amaicha del Valle.
«La Cámara tuvo en aquella oportunidad la posibilidad de expedirse al respecto, arbitrando los medios para proteger los derechos y la libertad de estos asambleistas, y no lo hizo, esquivó la resolución declarándose incompetente dejando desprotegidos los derechos de estos pobladores cuya libertad se encuentra en serio riesgo», reclamaron los asambleístas a través de un comunicado entregado en las puertas de Tribunales Federales.
Tras el encuentro con Gómez, la movilización se dirigió hacia la Defensoría del Pueblo. Al ombudsman, Hugo Cabral, se le pidió que intervenga ante los delitos contra los derechos humanos que, según afirmaron, comete Minera Alumbrera.