La situación por la que atraviesan las comunidades de la cuenca del río Napo y Curaray en donde se registraron altos niveles de contaminación por metales pesados en humanos, peces y suelos, es materia de análisis del décimo reporte de conflictos socioambientales que elabora el Observatorio “Vigilante Amazónico”.
El reporte da cuenta del caso de las comunidades de San Rafael, San Fernando, San Jorge y Rango Isla, ubicadas en dicha cuenca, y sobre la que no se han pronunciado las autoridades ambientales competentes para determinar su origen y establecer medidas de remediación.
En ese sentido, advierte del pedido hecho por las federaciones de hacer público los resultados del “Estudio de Impacto Ambiental de la Minería Aluvial el Loreto” realizado por el Gobierno Regional de Loreto.
Como cada mes, el reporte, además de informar sobre lo que viene ocurrido en Loreto, con el pueblo Kichwa y otros, actualiza lo acontecido en regiones como Amazonas, con los pueblos Awajún y Wampís, en San Martín, con el pueblo Kechwa y en Junín, con el pueblo Asháninka.
Destaca así lo acontecido en Amazonas donde hace algunas semanas se publicó la ordenanza regional que reconoce e implementa la consulta previa en esa región.
No obstante, no pasó por alto la sorpresa que causó que la ordenanza haya sido publicada en el diario El Peruano omitiendo su artículo sexto, que prevé la participación indígena en la selección de temas que serán sometidos a consulta.
Al respecto, se espera que la omisión sea subsanada en poco tiempo por el Consejo Regional.
La última edición del reporte del Observatorio “Vigilante Amazónico” aborda también la problemática originada a causa de la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), en la región San Martín, y que afecta a las comunidades indígenas kechwas.
Estas últimas reclaman no poder ingresar a esa área por lo que se prevé darles un espacio para la cogestión del ACR-CE.
Sobre este punto, actualiza lo recientemente tratado en las reuniones sostenidas entre las organizaciones indígenas de la citada etnia y diversas instancias del Gobierno Regional como la Dirección de Titulación y Reversión de Tierra, la ARA, entre otras.
Las reuniones precisamente están orientadas a agilizar los mecanismos de titulación de las tres primeras comunidades indígenas seleccionadas: Santa Rosa, Santa Sofía y San Manuel Nashatauri.
Finalmente, en Satipo lo más relevante es el proceso de solución de las observaciones planteadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de exploración del Lote 108, perteneciente a Pluspetrol.
Ante la inminente aprobación del EIA, se abre una serie de interrogantes respecto a cuál es el momento que prevé la ley para la realización de la consulta previa.
Para descargar el informe dar clic en el siguiente enlace:
Décimo reporte del Observatorio “Vigilante Amazónico”.