La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pidió al Papa Francisco instruir a los jerarcas de la Iglesia católica mexicana a que dejen de presionar a los sacerdotes que apoyan a los pueblos y comunidades perjudicados por esa actividad y, por el contrario, los respeten, protejan y animen en su labor pastoral.
Asimismo, la organización solicitó que el Pontificio Consejo Justicia y Paz y el mismo Papa se conviertan en voceros de las luchas y resistencias de los pueblos que ya sufren o sufrirán las consecuencias del modelo extractivo minero y que se sumen a la creciente demanda y establecimiento de territorios libres de minería.
A través de una carta entregada en el marco de la reciente “Reunión de Representantes de Comunidades Afectadas por la Industria Minera”, celebrada en el Vaticano con el Pontificio Consejo Justicia y Paz, la Rema planteó que todo el potencial de la Iglesia Católica se despliegue a favor de las luchas, resistencias y pueblos afectados por la minería.
En representación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería acudieron a la reunión Yazmín Celso Peña, del Ejido Carrizalillo, Guerrero, y Carmen Guzmán Zamora, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima.
En sus intervenciones durante el encuentro, las activistas mexicanas presentaron un panorama sobre los impactos ocasionados a las comunidades del país por parte de las empresas mineras, y entregaron al Papa Francisco la carta de Rema.
El documento advirtió al pontífice que en México la amenaza del actual modelo extractivo minero sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es “inminente e inconmensurable”.
Los daños asociados a ella son notables, advirtió la Rema: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad física y emocional así como criminalización de defensores y luchadores sociales.
Además, “la terrible e irreversible contaminación de la tierra, del agua y del aire, la devastación de la vegetación que acelera la erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, empleos precarios, pérdida identitaria, cultural y espiritual, así como altísimas contribuciones al cambio climático, lo que en conjunto repercute terriblemente en afectaciones a la salud”, advirtió la organización.
La Rema consideró que “debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país”.
En su misiva al Papa Francisco, la organización señaló que para los luchadores sociales la minería no empieza con alguna fase de trabajo de las empresas extractivas, sino con la “entrega desmesurada” de concesiones mineras en todo el territorio nacional por parte del gobierno mexicano.
Reportó que en el país han sido entregadas cerca de 32 mil concesiones, lo que supone la ocupación de entre el 17 y el 19% de la superficie de México.
Cada una de esas concesiones, añadió, fue entregada sin que los pueblos siquiera estén enterados y debidamente informados sobre ello, en el marco de una ley que permite pasar por encima de la decisión de los pueblos, con la posibilidad de que las empresas mineras paguen por derechos de cada concesión entre medio euro y hasta tres euros por hectárea.
Así también, empresas como la Goldcorp realizan acciones para la “compra fraudulenta de tierras y actúan con dolo una y otra vez sin que sean llamadas a la rendición de cuentas”, al tiempo que sus acciones van encaminadas a la creación de conflictos y divisiones comunitarias.
Bajo esta lógica, expuso Rema, “nos preguntamos qué tan factible es el diálogo y la participación de las comunidades con las empresas mineras; qué tan viable es iniciar un diálogo en un proceso en donde los grandes capitales actúan en complicidad con los gobiernos para hacer leyes y reglamentos a modo para que sean las empresas quienes puedan utilizar nuestros bienes naturales para su propio enriquecimiento, al tiempo que destruyen la vida; nos preguntamos si es factible el diálogo con un modelo extractivo hegemónico y por ende dominante, que pasa por encima de los derechos de los pueblos”.
La organización mexicana informó al Papa que frente a esa “dura realidad” ha trabajado en acciones colectivas orientadas a impedir la instalación de obras o proyectos contrarios a los intereses de los pueblos y a construir autonomías locales que favorezcan la satisfacción de las necesidades vitales de las comunidades, ratificando día a día su compromiso con la defensa de los derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, en definitiva, con la defensa de la dignidad humana.
Además, la Rema dio cuenta al Papa de que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ha participado en encuentros regionales y nacionales sobre esta problemática y “se ha destacado como voz crítica contra la minería”.
Finalmente, la Rema reconoció el compromiso que ha mostrado el Papa con su causa a través de la publicación de la encíclica ecológica Laudato Sii.
“De todo corazón esperamos que este histórico documento genere cambios profundos en el pensamiento y la práctica social, cambios en las ideas morales y los valores humanos que consideramos necesarios para que los gobiernos, que continúan siendo poco sensibles a las necesidades de quienes mayoritaria y desproporcionadamente son receptores de los riesgos y daños generados por la industria minera, asuman suficientemente el hecho de que la desigualdad y los desequilibrios de poder en cualquier sociedad son la causa fundamental de la destrucción del territorio, la sobreexplotación de los bienes comunes naturales y las violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
Fuente: Revista Proceso