El dilema de la explotación minera y petrolera en Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador es similar al de Colombia: ¿hasta qué punto deben arriesgar los Gobiernos la estabilidad social, ambiental y de derechos humanos por un modelo de desarrollo económico?
En los últimos años, casi el 40% del territorio colombiano ha sido concesionado o solicitado por transnacionales mineras y de hidrocarburos. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz plantea que, de los 114 millones de hectáreas que lo componen, unos 8,4 millones han sido dados en concesión para la exploración de minerales y 37 millones, titulados para la búsqueda de hidrocarburos.
A septiembre de 2011, el Sistema de Información Ambiental Minero-Energético, a través del Registro Nacional Minero, indicaba que 1.717 empresas tenían títulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas y que 7.200 títulos estaban en manos de particulares.
Para el pueblo colombiano, estas cifras son motivo de indignación. Para los ambientalistas, prueba fehaciente del poco o nulo interés del Gobierno nacional por el impacto ambiental de la minería legal o ilegal. Y para las poblaciones afectadas social, cultural y económicamente, un asunto de denuncia permanente.
Continente en exploración
En países como Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador la realidad no es diferente de la colombiana. Los minerales, el petróleo y el gas han pasado de ser riquezas del subsuelo –incluso hay creencias ancestrales que consideran que el “oro negro” es la sangre de la Pachamama (Madre Tierra)– a ser asuntos político-económicos que redefinen la relación desarrollo-naturaleza-Estado.
Anthony Bebbington, geógrafo y director de la Escuela de Posgrado de Geografía de la Universidad de Clark (EE. UU.), estudia las relaciones entre las industrias extractivas, los conflictos y el desarrollo rural en estas naciones. En su reciente visita a Colombia, participó en el Seminario Internacional Extractivismo y Minería en América Latina, organizado por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
En su investigación, en la que trabaja hace siete años, ha encontrado que los conflictos sociales, los daños ambientales y las economías son similares en algunos aspectos. Y se pregunta si la industria extractiva les permitirá alcanzar el desarrollo económico o si prevalecerán “los conflictos, la degradación y el crecimiento desigual”.
Asegura que, desde hace quince años, el sector se ha convertido –de manera creciente– en una estrategia central para el desarrollo de dichos países. Por ejemplo, en el caso del Perú, entre los años 2012 y 2013, se destinarán 30 mil millones de dólares al sector minero y de hidrocarburos, según lo reportó en mayo pasado el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país, lo que constituye más del 50% del flujo de inversión directa. Solo la minería representa el 60% de sus exportaciones totales.
En Ecuador hay disputas públicas y políticas sobre la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Por lo pronto, el Gobierno decidió dejar bajo tierra 846 millones de barriles de crudo, a cambio de conservar un bosque que evita la emisión de 400 millones de toneladas métricas de CO2. Los hidrocarburos encontrados debajo de la selva representan el 20% de las reservas de la nación andina.
Se trata de un modelo en el cual el país le propuso a la comunidad internacional preservar los bosques a cambio de que contribuyera financieramente con al menos 3.600 millones de dólares (equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación, según se afirma en la página oficial de la novedosa propuesta).
Pocos han copiado este modelo. Por el contrario, en Bolivia crecen las inversiones en hidrocarburos, y tanto en Colombia como en Ecuador existen prominentes discusiones sobre la expansión minera. La crisis ambiental, relacionada con el fenómeno, es la principal fuente del conflicto social.
“En Bolivia, en el año 2009, se presentaron nuevas tensiones entre el Estado y grupos indígenas de las regiones del Chaco y el norte amazónico, a raíz de la propuesta de expandir las operaciones hidrocarburíferas y empezar acciones exploratorias”, afirma el profesor Bebbington.
El geógrafo plantea que los motores que impulsan el extractivismo en Sur- y Centroamérica son los precios, la demanda, las reformas, los proyectos políticos (Código Minero, ajuste en pago de impuestos, tipificación de la minería ilegal como delito), la integración regional y la aparición de nuevos inversionistas. Aquí cabe citar el caso de Ecuador, nación a la cual el Banco de Desarrollo Chino le prestó 65 billones de dólares y se convirtió en su principal inversionista en el sector de hidrocarburos.
Otro de los hallazgos del investigador fue el cambio de los “imaginarios nacionales”, en cuanto a los temas de identidad y de subsuelo. En Perú, las construcciones de visiones del futuro se dan según el binomio subsuelo/desarrollo. Con la mina de oro más grande de Suramérica, aquel se convierte en una salvación para la crisis económica: en la base de un modelo de crecimiento, estabilidad y redistribución.
Los riesgos del litio
Por su parte, Argentina, Chile y Bolivia conforman el “triángulo del litio”, pues poseen el 80% de las reservas mundiales de este elemento. “La mayor parte es explotable en salmueras (desiertos de sal) y se encuentra, específicamente, en el Salar de Uyuni en Bolivia, en el de Atacama en Chile y en los pequeños salares de las tierras altas del noreste argentino”, precisa Bárbara Göbel, directora del Instituto Iberoamericano de Berlín.
El litio es un mineral clave para China, Estados Unidos, Europa y Japón, pues permite una eficiente transición eléctrica (baterías, vehículos, etc.) y es usado para generar energía renovable (solar y eólica), que requiere de un almacenamiento eficiente de energía.
“Se convirtió en la metáfora de un progreso ‘limpio’ y sustentable”, asegura Göbel. El problema es que no se consigue en algunos de estos países, por lo cual lo compran en regiones donde su explotación produce daños ambientales, sociales y económicos.
Frente al panorama la pregunta es: ¿cuánto riesgo están dispuestos a afrontar los Estados en nombre del desarrollo económico?