El mensaje de Justin Trudeau, carismático primer ministro de Canadá, ha sido muy específico en cuando a política exterior, pero hace ya un año que está al frente de la administración y sigue sin hacer gran cosa contra las mineras que siguen con sus métodos de muerte. Pese al discurso de Justin Trudeau en favor de los derechos humanos, justicia, cuidado medioambiental y democracia, las empresas extractivas canadienses siguen haciendo de las suyas en Latinoamérica.
Los discursos del mandatario en relación a su política exterior se embellecen con conceptos como justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos; y de hecho ha dado algunos pasos como acoger a refugiados sirios, eliminar la visa para ciudadanos mexicanos, además de aprobar un paquete de ayuda para Colombia en el marco de la firma de paz.
Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, pues en los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías del país norteño.
Y los trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.
En Zacatecas, por ejemplo, grupos responsabilizan a Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Mientras en Guatemala, indígenas de la región acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban; en aquella acción las mujeres sufrieron abuso sexuales y agresiones, además de que sus hogares fueron quemados.
Estas situaciones de abuso y acusaciones se extienden por Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras, hechos que fueron expuestos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el el informe dela ONU sobre Canadá y los derechos humanos, publicado en julio.
Así pues, aún se espera que Trudeau cumpla sus compromisos y ponga freno a estas prácticas.
En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior; hasta el momento no ha contestado la misiva.
En los distintos informes sobre la manera de actuar de las mineras, también se recomiendan acciones como la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos.
Así, el primer ministro no tiene un escenario fácil en este sentido, pues la minería representa el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.