La reciente remodelación del Gobierno peruano y, sobre todo, la designación del ex embajador de Perú en China como nuevo ministro de Relaciones Exteriores son las señales que Lima está dando para indicar a los inversores que quiere dar un giro hacia una diplomacia muy orientada a lo comercial y para reforzar la relación con Pekín cuando los indicadores revelan un enfriamiento e incluso un retroceso de la economía. Perú, acostumbrado a un crecimiento del PIB entre el 5% y el 8% desde 2004, se enfrenta este año a una previsión que no superará el 3,5%. El parón ha desatado un alud de críticas desde todos los sectores peruanos, que en su mayoría sostienen que la crisis se veía venir desde el año pasado y que el Gobierno del presidente Ollanta Humala no supo reaccionar para revertir la situación.
“Estamos en una desaceleración en toda regla, la demanda ha caído, están disminuyendo las exportaciones y en abril pasado cayó la construcción”, apunta el economista Felix Jiménez, uno de los autores del plan de Gobierno de Humala cuando fue candidato a la presidencia en 2011. El gremio de exportadores informó de que entre enero y abril las ventas hacia EE UU cayeron un 21% y un 12% hacia la Unión Europea. Según la Cámara Peruana de la Construcción, el sector venía creciendo a un ritmo de dos dígitos anuales y sólo en abril se desplomó un 8%.
El economista Jorge Gonzales Izquierdo, declaró en un programa de televisión que en un año electoral como este —en octubre habrá elecciones regionales y municipales— la incertidumbre impedirá un repunte de las inversiones, pero, además, como los candidatos ya están en campaña y varios políticos buscan la reelección, las obras de los gobiernos regionales y municipales se paralizan hasta el próximo mandato. Gonzales Izquierdo destacó que el otro factor que afecta el sector construcción es la corrupción de los gobiernos locales: desde mayo dos presidentes regionales están detenidos y otro está prófugo.
Otro índice que refleja la preocupación de los peruanos es el de confianza empresarial que trimestralmente hace Apoyo Consultoría, mediante una encuesta a 280 firmas. El indicador se redujo 12 puntos porcentuales en el segundo trimestre. Un 73% de las empresas encuestadas indicó que mantendrá el ritmo actual de sus inversiones como “reserva” y sólo el 17% afirma que acelerará sus desembolsos.
Para completar el panorama, el Informe Mundial de Inversiones de la UNCTAD, informó de que en 2013 la inversión extranjera directa en América Latina creció en 6% mientras que en Perú cayó un 17%, hasta los 10.000 millones de dólares (7.300 millones de euros). En el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Perú, que ocupaba el lugar 60 —de 160 economías— en 2012, retrocedió 11 posiciones en 2014.
Aunque estas cifras de declive son recientes, otros indicadores que se mantienen más antiguos revelan que el crecimiento económico no ha significado un cambio para la mayoría de los ciudadanos. CEPAL indica que Perú ocupa el primer puesto de empleos con poca productividad y, según informes oficiales, un 74% de los empleos son informales, es decir, permiten la subsistencia, pero sin acceso a derechos laborales ni previsionales. La pobreza ha bajado casi 10% desde 2009, pero 7.300.000 de personas se mantienen en esa condición, un 23% de la población.
El Gobierno apuesta también por la obra pública para paliar la crisis económica
El Gobierno peruano ha anunciado una serie de medidas para reactivar la economía: menos permisos ambientales, condonación de deudas de contribuyentes, estabilidad de los contratos en minería, entre otras. Pocas voces coincidieron en que servirán para revertir el frenazo en la economía. Por ello, el Ejecutivo tuvo que prometer más de 800 millones de euros en inversión para gastos en infraestructuras y prevención de desastres. Es decir, para dar un fuerte impulso a la construcción.
El Gobierno confía en que un gran proyecto minero de capital chino, Toromocho, incremente la producción y que ello se refleje en un alza del PIB a finales de año o a principio de 2015. Desde abril, Perú reajustó la fórmula para calcular la producción, aumentando el peso (ponderación) del sector minero en el total. El Ministerio de Economía ha destacado que este proyecto está sólo retrasado por asuntos técnicos, para diferenciarlo de otros como Conga y Tía María, en los que los conflictos sociales se han interpuesto a los planes gubernamentales.
China controla un tercio de las operaciones mineras en el país tras la compra de la mayor mina de cobre en el mundo, Las Bambas, en la región Apurímac, por 4.250 millones de euros. Según la investigadora de la Universidad del Pacífico Cynthia Sanborn, 100 empresas chinas están registradas legalmente para operar en Perú, y al menos 15 poseen importantes concesiones mineras.
La economía peruana no se ha diversificado y por ello depende tanto de los precios internacionales de los minerales. La disminución de la demanda en China y EE UU, no sólo golpea a la economía, también a la política. Ha crecido la tensión en el seno del Gobierno entre quienes creen que se deben flexibilizar las condiciones para las industrias extractivas y quienes defienden la protección ecológica desde la creación del Ministerio de Ambiente en 2008. La Administración ha impedido la aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas en un proyecto minero en el norte del país y es reticente a hacerla en comunidades quechuas de Apurímac.
Aparte de que al Gobierno le urge avanzar en los proyectos mineros para reactivar la economía, crece la necesidad de que se concreten grandes proyectos gasistas en la zona selvática del sur. Algunas concesiones al ingreso de empresas en áreas de protección y zonas reservadas (indígenas o medioambientales) han sacado chispas en el Ejecutivo. Algunos advierten, por ejemplo, que no hay protocolos en caso de que los operarios se encuentren con población indígena no contactada o que vive en aislamiento voluntario. La desconfianza de los indígenas en el Estado y las empresas, debido a compromisos no cumplidos y décadas de contaminación por vertidos de crudo, también está retrasando la renovación de concesiones petroleras en la zona selvática del norte.