14 de Noviembre de 2011
El Gobierno peruano prometió el viernes mano dura para contener las protestas antimineras que han dejado 40 heridos, las primeras con tintes violentos desde que el presidente izquierdista Ollanta Humala asumiera en julio con la promesa de calmar las tensiones sociales.
13/11/2011. Los conflictos son mayormente por temores medioambientales o en busca de mayores beneficios para las zonas donde opera el rico sector minero, clave para la economía de Perú, que registra un fuerte crecimiento desde hace varios años.
«El Estado de derecho tiene que cumplirse con toda la fuerza necesaria, nosotros no vamos a aceptar que estos pequeños grupos hagan caos en el país», dijo el primer ministro Salomón Lerner, en una entrevista con la radio local RPP.
En la víspera, cientos de manifestantes ingresaron a un puesto de control de la minera Antamina, una de las dos mayores productoras de cobre del país, ubicado en la región norteña de Ancash, ocasionando daños materiales, según la compañía.
La incursión en la minera controlada por las firmas BHP Billiton Ltd y Xstrata no afectó el transporte de mineral ni las operaciones de la mina Antamina.
En la protesta en Ancash manifestantes bloquearon, además, algunas carreteras y la policía tuvo que usar bombas lacrimógenas para dispersarlos. El viernes, el tránsito de vehículos de carga y de pasajeros era restringido en la zona.
De otro lado, en la región andina de Apurímac la policía también se enfrentó con cientos de manifestantes que reclaman el desalojo de los mineros informales que contaminan la zona.
El viernes aún se producían choques entre manifestantes y la policía. La televisión local dijo que en la ciudad de Andahuaylas de Apurímac el comercio estaba cerrado y las principales vías de acceso a la zona estaban bloqueadas.
Y en prevención a actos violentos, las autoridades habían suspendido las clases escolares, agregó.
LE PASAN FACTURA POR PROMESAS
En busca de aplacar el conflicto en Apurímac, los ministros de Energía y Minas y de Agricultura firmaron una carta en la que se comprometen a gestionar la exclusión minera en la provincia de Andahuaylas, foco de la protesta en la zona.
El alcalde de Andahuaylas, Oscar Rojas, dijo que la carta estaba siendo analizada para decidir si detienen el conflicto.
En Andahuaylas operan algunas pequeñas mineras y también emprendimientos informales o ilegales.
Pero se teme que las protestas podrían alcanzar a empresas formales ubicadas al este de la región de Apurímac.
Allí se encuentra el proyecto de cobre Las Bambas de la gigante Xstrata, con una inversión prevista de 4.200 millones de dólares, uno de los más grandes del país. La empresa comenzaría a construir la mina antes de fin de año y según los planes de la firma produciría desde el 2014.
Para el experto en conflictos mineros, Miguel Santillana, las protestas son producto del embalse de promesas que hizo Humala a líderes regionales en la primera fase de su campaña electoral, antes de que moderara su discurso de izquierda.
«Esos caciques regionales le están pasando la factura al presidente Humala porque entienden de que no ha obrado en función del plan de la gran transformación», afirmó.
RETO PARA HUMALA
Las conflictos son un reto para Humala, que busca reducir las más de 200 latentes protestas sociales en el sector minero y energético, que contemplan inversiones por 45.000 millones de dólares en la próxima década.
Perú es el segundo productor mundial de cobre y zinc del mundo, el segundo de plata, el cuarto de plomo y sexto de oro.
Los dos nuevos brotes de violencia se producen en momentos en que el mayor proyecto de oro y cobre de Perú -propiedad de la estadounidense Newmont y con una inversión prevista de unos 4.800 millones de dólares- enfrenta el rechazo en la región norteña de Cajamarca por temores medioambientales.
Pese a las protestas, la agencia Fitch elevó en la víspera la calificación de la deuda de Perú, decisión que refleja la menor incertidumbre sobre la continuidad de la política económica durante el Gobierno de Humala.
La llegada del militar retirado Humala a la presidencia del país andino en julio pasado había generado temor entre los inversores a un cambio en las reglas del juego.
Sin embargo, el mandatario hasta ahora ha dado continuidad a la mayor parte de las políticas que permitieron al país crecer a tasas similares a dinámicas economías como China.