El ministro del Interior peruano instó al diálogo para resolver la tensa situación en la provincia de Islay (sur) por las protestas contra la puesta en marcha del proyecto cuprífero Tía María, de la minera mexicana Southern Copper, luego de enviar a las fuerzas armadas a la zona para intentar controlar la situación.
Los manifestantes realizan violentas protestas desde el 23 de marzo pasado contra el proyecto, por mil 400 millones de dólares, con el argumento de que contaminará la agricultura y el agua.
Southern Copper, controlada por Grupo México, que ha afirmado que no dañará el medio ambiente porque usará agua del mar para operar la mina, espera ahora la licencia del gobierno para comenzar a trabajar.
“La policía y las fuerzas armadas no van a solucionar el problema. La solución viene mediante el diálogo. Llamamos a los verdaderos líderes a dialogar y a que solucionemos el problema”, declaró a la prensa el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
Apoyo a la policía
El gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó un día antes el envío de militares a Islay para apoyar a la policía, luego de la muerte de un agente durante enfrentamientos contra los manifestantes.
Dos inconformes fallecieron en abril pasado. Uno al recibir un disparo de la policía, en las protestas contra la instalación del proyecto minero en esa zona ubicada a mil kilómetros de Lima.
Pérez Guadalupe explicó que los efectivos de las fuerzas armadas fueron enviados a Islay “para resguardar los servicios estratégicos”, y que la medida durará 30 días. Expresó que, pese a ello, no se han restringido los derechos de los ciudadanos y que los militares no estarán patrullando en zonas urbanas ni participarán en las operaciones para controlar a los manifestantes, función que seguirá a cargo de la policía.
En la provincia de Islay ya hay 500 militares. Se espera la llegada de otros 500, señaló Pérez Guadalupe, quien afirmó que aumentar la presencia militar en la zona dependerá “de la manera en que se desarrolle el conflicto social durante los próximos días”. La población se opone al proyecto desde 2009.
En 2012 murieron tres personas durante una protesta contra las obras, que fueron declaradas inadmisibles por infringir la legislación ambiental. Pero un año después se flexibilizó la legislación y se dio luz verde al proyecto.