París, Ginebra, 20 de mayo de 2019 – A través de una nota que se publica el día de hoy, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto entre la FIDH y la OMCT, manifiesta su grave preocupación por las numerosas irregularidades e ilegalidades identificadas en el caso Las Bambas y hace un llamado a las autoridades peruanas a que respeten el derecho a un juicio justo y imparcial de los 19 defensores de la tierra y el territorio que serán juzgados a partir de este miércoles.
Después de casi cinco años de proceso penal y después de dos suspensiones, el 22 de mayo comenzará el juicio oral contra 19 defensores de la tierra que se manifestaban contra los impactos negativos del proyecto minero las Bambas en Perú, propiedad del Consorcio chino MMG Limited, quien se constituyó como parte civil en el proceso.
Los reclamos de las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas (Apurímac) iniciaron después de que la empresa modificase unilateralmente el Estudio de Impacto ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. La principal modificación fue la de transportar 450 mil toneladas de minerales por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades y no por un mineroducto, como estaba inicialmente previsto. Esta modificación y otras han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades.
El 25 de septiembre de 2015, estas comunidades iniciaron un paro indefinido por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al EIA. Tres días después se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de los cuales desde entonces se encuentran inmersos en un proceso judicial.
Este proceso no es un caso aislado. Se estima que habrían más de 500 personas criminalizadas en el contexto de las protestas contra el proyecto las Bambas. En una zona que históricamente ha sido campesina e indígena no es posible reducir a los manifestantes a simples criminales. El Observatorio reitera que defender derechos no es un crimen, es un derecho y que, en lugar de criminalizarles, el Estado peruano debería comprometerse con la adopción de una política pública integral de protección a las personas defensoras, tomando el protocolo recientemente aprobado como un primer paso.
La militarización y las repetidas declaraciones de Estados de emergencia en la zona, que además son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, solo han dejado como resultado agresiones, criminalización de manifestantes, desestructuración de las reivindicaciones de las comunidades y la vulneración de sus derechos. Esa respuesta represiva del Estado peruano a los reclamos de la población afectada por estos proyectos en el corredor minero no es efectiva, cómo se ha visto recientemente con las manifestaciones que se reiniciaron en agosto de 2018 por las comunidades de Fuerabamba, Apurímac. La solución pasa por abordar los problemas de fondo que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población.
El Observatorio dará seguimiento a este proceso y confía que los jueces garantizarán su independencia así como los derechos al debido proceso, reconocidos a nivel nacional e internacional de los 19 manifestantes defensores del territorio, cuya criminalización debe cesar.
El informe está disponible para su descarga: Peru_2019.05.20_Informe Las Bambas.
Fuente: https://derechosinfronteras.pe/peru-no-a-la-criminalizacion-de-defensores-territoriales-por-protestar-contra-proyecto-minero-las-bambas/?fbclid=IwAR3xHerXWL85XyaR-mFfZioqvcklGRlSY6SDKG_E63ZBXUQqeolY1Hv7xZM