Han pasado ya más de un mes y ha pasado un poco desapercibido el Informe de la Comisión Multisectorial que propone una “Nueva Minería” en base a criterios de sostenibilidad y equidad.
Si bien es cierto hay elementos muy genéricos, quizás hasta imprecisos, lo cierto es que son un conjunto de recomendaciones y medidas que son el término inicial para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en el país.
Si hacemos una lectura crítica del informe, podría decirse que es una agenda correctora y mejorada de lo que se esperaba de este modelo, sin intentar cambiarlo. Sin embargo, si se llegan a cumplir algunos extremos e implementar estas recomendaciones, probablemente estaríamos hablando de una mejora sustancial de la gestión ambiental.
El informe tiene 4 ejes y destacan 5 puntos esenciales donde se abordan cambios a la gestión ambiental:
Desarrollar instrumentos de planificación del territorio y del recurso hídrico; Mejora de la calidad ambiental (completar la aprobación del ECA suelo y demás LMP para las actividades extractivas); Mejorar la aprobación de los estudios de impacto ambiental y su institucionalidad (creación del SENACE); Fortalecer la fiscalización ambiental y social de las inversiones; y Creación del mecanismo de la rendición ambiental (Informe de Desempeño Ambiental).
Mecanismos interesantes y nuevos se proponen en el Informe (protocolo preventivo de conflicto social o plan de inclusión social), sin embargo, se adolece de una mayor contundencia en señalar la actualización de los reglamentos ambientales sectoriales, lo cual se debió dar hace más de dos años, no solo el agrario o de vivienda, sino todos los sectores.
Además, sorprenden las ausencias en el informe que le restan integralidad y un alcance más ambicioso para terminar de nombrarlo como una nueva relación con el ambiente:
Revisión del sistema de concesiones y su impacto ambiental en ecosistemas frágiles; Los próximos pasos de la lucha contra la minería ilegal; La definición de competencias ambientales de gobiernos regionales y locales en la aprobación de EIAs; y Promoción mucho más clara de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas sectoriales y por niveles de gobierno.
Debemos proponer un debate nacional sobre los términos del informe e ir más allá del mismo. Lastimosamente no existe una hoja de ruta para este debate, transparente y participativo, plazos o términos reales de cumplimiento y ese es el primer paso que debería dar el Gobierno.
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* César Gamboa Balbín es Director de Políticas de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).