José De Echave C.
Son varias semanas de protestas en Puno en contra de la actividad minera. Se inició como una reacción frente al proyecto minero de Santa Ana[1], en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito), en el extremo sur de la región y se extendió por todo Puno.
Rápidamente se han intentado algunas explicaciones: “”hay un tufillo político”” ha declarado el presidente peruano Alan García; “”se mueven intereses subalternos”,” dicen algunos editoriales. ¿Hay algunas explicaciones alternativas a lo ocurrido en Puno? Sin duda las hay.
En primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento del 279%.
Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores perciben que la expansión de esta actividad no cesa de aumentar en la mayoría de provincias y carece de mecanismos de control y regulación.
Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en Puno también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.
En Puno existe otro ingrediente: el tema de la minería en zona de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. En el caso de Puno, en los últimos años se han dado varios decretos supremos y precisamente el DS 083-2007 es cuestionado por la población.
El conflicto en Puno ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes. El tema central en las últimas semanas no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico; el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto.
Esto obliga a evaluar lo que está pasando en el país en cuanto al tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados: las decisiones se toman en Lima sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varios gobiernos regionales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.
Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc.
Se hace necesario mejorar este tipo de procedimientos para evitar situaciones como las que vienen ocurriendo en Puno. Un tema clave de política pública sobre la minería que hasta el momento no se ha abordado en serio en la campaña electoral.