Hace poco, el mismo presidente del tuvo a bien mencionar en su discurso patrio a dos empresas mineras irresponsables social y ambientalmente: Doe Run Perú y Caudalosa, pero se le pasó aludir a otro caso no menos grave. En efecto, en Cerro de Pasco, una de las ciudades mineras más altas del mundo, y su entorno no sólo es difícil vivir sin contaminarse con metales, sino también llevar la palabra desarrollo a los hechos, pese a sus aparentemente infinitas riquezas minerales (antes plata y ahora zinc, cobre y plomo).
La reciente audiencia pública, impulsada por un importante diario nacional, hace recordar al país la dura y compleja realidad de una ciudad que podría ser uno de los mejores ejemplos de la llamada maldición de los recursos naturales. Una maldición que se ensaña con los más débiles y pobres de la urbe y sus comunidades rurales y urbanas circundantes. Como el caso de una pequeña de cuatro años, Thais Palma, que hizo noticia el año pasado cuando se supo que tenía 120 microgramos de plomo por decilitro, sufriendo un severo retraso mental por ello (Ver: http://www.youtube.com/watch?v=ecMFAQ–2LQ&feature=player_embedded ).
En efecto, la larga historia de esta ciudad, fundada como Villa de Pasco por los españoles en 1572, estuvo desde sus inicios vinculada a la minería. Actividad económica que históricamente fue de menos a más, al igual que su impacto socioambiental, a medida que se hacía más intensiva y extensiva. De ahí la broma negra local que afirma que su real plaza de armas, o sea su verdadero centro o eje político-económico, sea el tajo abierto, iniciado en 1956 por la histórica minera de origen norteamericano Cerro de Pasco Copper Corporation, y operado desde 1999, tras la cuestionada privatización de CENTROMÍN, por la empresa peruana Volcan S.A.A. Una minera que más destacó por la capacidad de generar renta de su difunto dueño principal y gestor, Roberto Letts Colmenares, que por un cuidadoso manejo ambiental y social o su respeto a las normas legales ambientales del país y hasta sus propios convenios. Ejemplos de estos dos aspectos son: 1) La construcción ilegal, o sea sin Estudio de Impacto Ambiental aprobado, de una planta complementaria de beneficio de minerales oxidados en el paraje Chaupishuco, ubicado en territorio de la comunidad campesina de Rancas, lo cual le generó a la minera una multa de 10 UIT, vale decir unos módicos S/. 35,000 (Ver http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=5331&Itemid=9 ); y 2) la firma poco transparente de un convenio con la municipalidad provincial de Pasco, a fin de preparar la implementación de su Plan L de expansión del tajo abierto (sin sujetarlo debidamente al desarrollo urbano), que luego la misma minera no cumplió(Ver: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qscnjUy8qggJ:xa.yimg.com/kq/groups/7541195/556873149/name/CONCLUSION%2BFINAL.doc+volcan+pasco+convenio+labor&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=pe ).
A la fecha, está por vencerse el plazo para responder las observaciones presentadas por la sociedad civil pasqueña al EIA del plan L, tras su audiencia pública en marzo pasado. Pero es preocupante la denuncia de que ese Plan en realidad ya estaría siendo implementado desde hace dos años de manera irregular, haciendo obras de expansión del tajo dentro del cerco del mismo y comprando casas para demolerlas fuera del cerco, al margen del plan de desarrollo urbano. Por si lo anterior fuera poco, hace una semana minera Volcan está presionando indirectamente y de manera sucia, por decir lo menos, a la comunidad campesina de Rancas, a fin de obtener su permiso para usar sus tierras para expandir el área de su relavera en la zona de Ocroyoc. Hace esto amenazando con despedir a los trabajadores de sus contratas, arguyendo que no le quedaría otra opción al no poder garantizar la continuidad de sus operaciones, no teniendo donde disponer sus relaves mineros. De modo que así crea un clima social adverso hacia Rancas, que se vería presionada por la colectividad de grupos sociales interesados en conservar su puesto de trabajo.
Esta nueva escalada de conflicto minera-comunidad se inició cuando la segunda se ratificó en su posición de arribar a conversaciones positivas que posibiliten el reconocimiento expreso por parte de la primera de que los terrenos sobre los que vienen operando (relavera Ocroyoc y botadero Rumiallana) son de propiedad ancestral comunal. Lo cual se estaba dando en el marco de una negociación, no sólo en términos meramente monetarios. Luego de establecido este punto, la comunidad se ocuparía conjuntamente con la minera, de establecer las formas de resarcir, remediar y mitigar los daños ambientales ocasionados a la población y los terrenos comunales. Últimamente, la comunidad ha empezado a preguntarse acerca de qué garantía tiene de que la minera no va continuar generando daños ambientales y cuál es el mecanismo para cautelar el derecho a la vida saludable. Tras la nueva estrategia de la minera, la comunidad se ratificó en su decisión, aunque un sector de sus miembros, que presta servicios a las mineras vecinas, sabe que está en peligro su puesto laboral. Pero tienen claro que aún les queda otra opción, la actividad pecuaria, y además confían que están defendiendo lo que ancestralmente les pertenece, contando con que los organismos nacionales e internacionales se solidarizarán con su causa.
Raúl Chacón Pagán, con la colaboración de Carlos Gora, comunero de Rancas y miembro de la Komuna Koripampa.