En el Perú los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica. Uno de esos yacimientos está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país, que es explotado desde 1993 por Minera Yanacocha, de propiedad de la peruana Buenaventura y la estadounidense Newmont Mining, considerada la mina de oro más grande de Sudamérica.
La llegada de Yanacocha a Cajamarca arrastró una serie de impactos negativos en el suministro de agua, fuente de permanentes conflictos con las poblaciones locales, particularmente en la cuenca del río Grande. El conflicto se agravó cuando a fines de la década de 1990, la empresa intentó expandir sus operaciones para extraer el oro que se encuentra debajo el Cerro Quilish, origen de diversas fuentes acuíferas que abastecen a la ciudad de Cajamarca, la capital departamental.
Con el objetivo de proteger el acuífero, el gobierno municipal de Cajamarca declaró en el 2000 al Cerro Quilish como “Zona Reservada y Protegida” basándose en estudios técnicos-ambientales que señalaban que el lugar es un colchón o esponja natural de agua por la existencia de pastos altoandinos cuya función es amortiguar y retener el agua, facilitando la infiltración. Asimismo, indicaba que en el Cerro Quilish se ubican las nacientes de las subcuencas hidrográficas de los ríos Grande y Porcón, las cuales se verían afectadas inevitablemente por la explotación minera.
Pero esto no frenó a Yanacocha que impuso recursos de amparo, logrando en el 2003 que el Tribunal Constitucional la autorizara a explorar y explotar la zona “previo estudio de impacto ambiental”. En el 2004, masivas protestas lograron que el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) revocara una resolución otorgada a Yanacocha para explorar el Cerro Quilish.
En el proceso de agotamiento de sus diferentes yacimientos, la empresa decidió ampliar la explotación aurífera en Cajamarca. En el 2008, luego del intento frustrado por explotar el Cerro Quilish, Yanacocha fue por Conga, un proyecto calculado en US$4.8 millardos que tenía previsto extraer 350,000 onzas de oro y 120 millones de libras de plata al año, metales que se encuentran debajo de cuatro lagunas en el sureste del departamento.
El caso Conga
La nueva pretensión de Yanacocha volvió a chocar con la población de Cajamarca que en octubre del 2011 se levantó contra el proyecto que afectaría cinco cabeceras de cuenca y un páramo, y pondría en peligro las fuentes de agua. Yanacocha proponía trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales.
El estudio de impacto ambiental, que había sido aprobado de manera expedita un año antes por el gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), tenía grandes vacíos incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.
Julia Cuadros, economista de CooperAcción, organización no gubernamental que monitorea la industria minera, explicó a Noticias Aliadas que “las lagunas cumplen un servicio ambiental, de captación y redistribución del agua; implica cantidad, calidad y disponibilidad del recurso. No es posible reemplazar un sistema natural por uno artificial, así este tenga más agua. Lo que hay que proteger son las zonas de recarga hídrica. Conga es una muestra de todo lo que no se debe hacer”.
La decisión del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) de impulsar Conga —contra lo que prometía en su campaña electoral de que priorizaría el agua sobre el oro— y de imponer estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones contra el proyecto y abandonar el diálogo, ocasionó la radicalización de las medidas de fuerza en Cajamarca con la convocatoria a una huelga indefinida desde el 30 de mayo del 2012. Cinco personas murieron en choques con la Policía y el Ejército.
Aunque el proyecto se encuentra suspendido indefinidamente ante la falta de licencia social, Yanacocha no dejó de acosar a defensores de las lagunas donde se explotaría Conga. Entre el 2011 y el 2017, policías y agentes privados contratados por la empresa destruyeron varias veces la vivienda y los cultivos de la campesina Máxima Acuña, en un intento por desalojarla de su propiedad ubicada cerca de la laguna de Sorochuco, una de las cuatro que destruiría el proyecto minero, y que la minera reclama como suya.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Acuña, quien además recibió en el 2016 el prestigioso premio medioambiental Goldman, que se entrega a defensores del ambiente de todo el mundo, se informó a INFOREGIÓN.
Las mineras en el Perú pagan muy poco por el agua que consumen. Una investigación realizada por el portal Ojo Público en setiembre del 2017 reveló que Yanacocha, junto con otras nueve empresas mineras que operan en el Perú, están autorizadas para usar un máximo anual de 302,442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos en sus operaciones, pagando una compensación de 0.27 soles (US$ 0.08) por metro cúbico consumido. Sin embargo, ocho de esas empresas —incluyendo a Yanacocha— no cumplen con pagar por el uso de agua y deben un total de 1.6 millones de soles [$475,000] al Estado.
Mineras no pagan por uso de agua
CooperAcción identificó en su estudio “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” la existencia de graves problemas en la asignación de derechos, permisos y licencias de agua en las cuencas en las que la minería compite con otros usuarios, como poblaciones rurales, centros poblados y hasta capitales regionales. La investigación, publicada en el 2017, profundizó los casos de la gestión de agua en cuencas de Cajamarca y Cusco.
Para el caso de Cajamarca, el estudio se focalizó en la cuenca del río Grande, dentro del área de influencia de Yanacocha, encontrando que “la actividad minera tiene impactos en el agua subterránea, el caudal del río Grande y en manantiales y quebradas. El drenaje del recurso en la cuenca y la extracción de agua subterránea son causales directos del descenso del nivel freático de manera permanente; para mitigar este efecto minera Yanacocha bombea continuamente agua subterránea, que es transferida como superficial a los actores ubicados aguas abajo”.
Según Carlos Monge, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute, “no hay información actualizada sobre la oferta de agua por cuenca, pues se siguen utilizando datos de fines de la década de 1970; no se puede acceder fácilmente a la información actualizada sobre derechos, permisos y licencias otorgadas a los diferentes usuarios por cuenca y a lo largo del tiempo —cosa que sí es posible hacer con las concesiones superficiales de tierras para exploración y explotación minera—; las normas sobre minería le aseguran a estas empresas la dotación de agua asignada originalmente, mientras que los demás usuarios deben adaptarse a la variación de los volúmenes disponibles”.
“Las instancias intermedias y locales de la Autoridad Nacional del Agua [organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y encargado del aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas] son débiles frente al poder de las grandes empresas mineras y carecen de capacidad real de monitorear el consumo efectivo de agua en cada cuenca, fuera de algunas cuencas que sí tienen la infraestructura para hacerlo”, agregó Monge en un artículo reproducido por la organización ambientalista Grufides.
Además, agregó que “los estudios de impacto ambiental son insuficientes para evaluar el impacto que las actividades mineras tendrán sobre las cuencas y el monitoreo que de ellos se desprende no toma en cuenta todos sus impactos reales”.
Fuente:http://www.inforegion.pe/255604/peru-agua-y-mineria-en-permanente-conflicto/?fbclid=IwAR3CiP-awgonlGJ-CSdAukpRBmgtHFNeDfKr-_ags9x3STWFp7WaWSUeRXk