Representantes de las organizaciones coincidieron en señalar que la movilización pacífica, así como el aprendizaje y la difusión de los derechos y garantías de los pueblos originarios y campesinos han permitido rechazar la imposición y el despojo de tierras
Los pueblos y comunidades del estado de Puebla continúan padeciendo y resistiendo la violencia y la represión que han ejercido tanto el gobierno estatal como la Secretaría de Economía federal, que desde hace años han ido preparando el terreno para que hoy busquen imponer proyectos mineros, hidroeléctricos, gaseros, eólicos y carreteros, según dieron a conocer las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el foro “Rosa Luxemburgo y la acumulación de capital. 100 años de reproducción, crisis, organización y resistencia”, que se efectúa en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
A través de oficios, expuso Silvia Villaseñor Pineda, del Consejo Tiyat–Tlali, la dependencia federal exige a los presidentes municipales de la Sierra Norte que apoyen totalmente la instalación de mineras, hidroeléctricas y de gasoductos.
En tanto, agregó que la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla obliga a sentar a los opositores a estos proyectos con los representantes de las empresas, ejerciendo presiones para que acepten bajo el argumento del “progreso y los empleos”.
En este foro se dieron cita Concepción Colotla Gonzaga, de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ), de la Sierra Norte de Puebla; David Lara, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, región Malinche; Félix Jiménez Galindo, de la comunidad de Axocopan, en el municipio de Atlixco, y Ofelia Juárez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, región Poniente.
Junto con el Consejo Tiyat– Tlali, estas organizaciones coincidieron en señalar que la movilización pacífica, así como el aprendizaje y la difusión de los derechos y garantías de los pueblos originarios y campesinos han permitido rechazar la imposición y el despojo de tierras.
Destacaron la importancia de revalorización y retomar las culturas originarias, pues “antes que campesinos somos indígenas, todos lo somos”, afirmó Concepción Colotla.
El líder de la UCEZ, quien recordó la lucha que derrotó al Proyecto Milenium que intentó imponer el entonces gobernador Melquiades Morales Flores, subrayó que los pueblos no pueden ceder a las promesas de desarrollo y empleos que prometen las empresas y los propios gobiernos.
Por el contrario, recalcó que la mejor defensa que tienen los habitantes es no vender su tierra, y expuso que las comunidades y pueblos no deben tener temor de defenderla “incluso con la propia vida”.
Los demás participantes advirtieron que vendrá una “batalla brutal” contra los pueblos alentada por el propio gobierno, a fin de que los llamados “proyectos de muerte” se impongan, por lo que el apoyo que obtengan de académicos, de estudiantes, de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil será fundamental.
Hidroeléctricas y
mineras confirmadas
Villaseñor Pineda hizo un recuento de cómo desde hace más de un año comenzaron a llegar “visitantes” que en realidad era personal de empresas que estaban realizando exploración minera e hidroeléctrica. Afirmó que en la Sierra Norte está pasando un proceso grave de despojos de tierras y aguas para la industria privada.
Tan sólo en los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec y Francisco Z. Mena se está realizando extracción de gas por medio de la técnica de fracking, o fractura hidráulica, en el área del paleocanal de Chicontepec, donde se han detectado pozos que utilizan químicos altamente contaminantes, así como explosivos y grandes cantidades de agua, razón por la cual esa técnica fue prohibida en varios países europeos debido a la severa contaminación y sustancias radioactivas que contaminan mantos acuíferos, pero en México se están incentivando con la reforma energética.
Otro problema que están padeciendo las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Norte poblana es la instalación de un gasoducto entre el puerto de Tuxpan y el estado de Hidalgo, al que se han opuesto las comunidades.
Abundó que en el caso de las hidroeléctricas se tienen planeados ocho proyectos: cuatro sobre el río Ajajalpan, dos sobre el río Zempoala y dos más sobre el río Apulco, en la Sierra Norte, pero destacó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía se pretenden edificar en Puebla un total de 35 hidroeléctricas.
Agregó que los problemas con las hidroeléctricas son que no generan energía para las comunidades, sino para el capital privado, y 80 por ciento del cauce de los ríos es desviado secando tramos completos de estos cuerpos de agua y elimina el acceso al agua a campesinos y animales.
Aunque les llamen “minihidroeléctricas”, esto en realidad no es así, subrayó Villaseñor Pineda, pues tan sólo la que pretendía construir Grupo México en el municipio de Olintla tenía proyectada una cortina de 75 metros de altura, con un daño proyectado en 300 hectáreas.
La misma Secretaría de Economía tiene información sobre 59 proyectos de minas de oro y plata en el estado de Puebla, que abarcarían unas 149 mil hectáreas de tierras, de las cuales 90 por ciento están concesionadas a mineras canadienses.
“Creemos que la mayoría de estas concesiones son para tajos a cielo abierto, pues son de oro y plata”, advirtió.
Recordó que la Secretaría de Economía proyectó a Puebla como la “gran generadora de energía eólica”; sin embargo, Villaseñor Pineda calificó esto “como un absurdo”, pues por el estado no cruzan vientos fuertes como para la construcción de parques eólicos, y a pesar de ello la entidad tiene más proyectos que alguna otra parte del país.
Por lo pronto, dijo, ya se tienen autorizados dos: uno en el municipio de Esperanza para la empresa PI Mabe, de Gilberto Marín Quintero, quien anunció que comenzará a operar en 2014; así como uno más en San José Chiapa, para la armadora alemana Audi. También se tiene estimado otro para el municipio de Teziutlán, donde ya hay instalados medidores de aire.
Ciudades rurales para los desplazados
“Moreno Valle anunció la construcción de 53 ciudades rurales. ¿Para qué? Pues cuando se ven en el mapa todos estos proyectos en conjunto se entiende que es en estas ciudades a donde va a ir a parar la gente, ante el desplazamiento de la población que habrá con la destrucción que traerán estos proyectos”, señaló.
Puntualizó que los mecanismos de despojo y apropiación de tierras de las comunidades poblanas se han ido preparando desde hace años, con las reformas al artículo 27 de la Constitución y a la Ley de Minas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Además, indicó, en la Sierra Norte se destruyó a la Organización Indígena Independiente, que en la década de los 80 luchó para poder expulsar a Antorcha Campesina de la región de Olintla, pero que hoy está totalmente debilitada y ha padecido muertes de sus integrantes.
En tanto, indicó, los programas de gobierno han favorecido la individualización del trabajo y los beneficios, ya que “Oportunidades” y “65 y más” cumplen su función de desmovilizar a la población. “La falta de inversión en infraestructura tiene su lado positivo, pues favorece las prácticas comunitarias, pero la falta de atención es brutal, y cuando llegan las empresas ofreciendo cualquier cosa la población lo acepta inmediatamente”.
Villaseñor relató: “El secretario general de Gobierno sentó a los opositores de Zautla y Olintla junto a las empresas para convencerlos de que acepten los proyectos porque iban a traer progreso, trabajo y beneficios. En Olintla, los maestros jugaron un papel totalmente a favor de las empresas convenciendo a la gente de que aceptaran la hidroeléctrica. Abrieron los espacios en las escuelas para las empresas para que expusieran sus beneficios; los niños y jóvenes de quienes se opusieron fueron discriminados, llamándolos tontos y llegando a niveles de que tuvieron que abandonar las escuelas. A una empleada de una escuela, el director la retuvo dos horas y no le pagaron hasta que dijo que iba a aceptar el proyecto”.
Advirtió que son las autoridades municipales las que han sido las más agresivas con su población para que estos proyectos se acepten. Tan sólo en Ahuacatlán y Olintla los presidentes municipales tocaron casa por casa para decirle a la gente que tenía que firmar por los proyectos, ya que existían permisos del gobierno federal, y de no aceptar les arrebatarían sus tierras y utilizarían al Ejército en su contra.